Impedir que las familias sin recursos se queden en la calle. Ese fue el fin del encuentro que organizó ayer la Consellería de Vivenda con técnicos de servicios sociales del partido judicial de A Coruña, representantes de administraciones de la comarca y funcionarios de la Oficina Común de Notificaciones y Embargos para coordinar las actuaciones y ofrecer alternativas a los afectados por desahucios. Entre las iniciativas, figura el compromiso del Gobierno gallego de contactar con los colegios de abogados y los administradores de fincas para que medien cuando sus clientes tengan problemas con sus inquilinos por impago de alquiler.
El Gobierno gallego, como el Ayuntamiento, ofrece alternativas a los afectados por desahucios en función de sus necesidades, entre las que la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, destacó el bono de alquiler social, que es una "ayuda urgente inmediata", y los convenios con entidades financieras, que se comprometieron a no desalojar inmuebles sometidos a ejecuciones hipotecarias.
Los bancos permiten, a raíz del pacto, que los afectados continúen en los pisos en régimen de alquiler social y, por otra parte, ceden a la administración sus casas vacías para que las destine a alquileres sociales. Además, la Xunta puso en marcha un programa de viviendas vacías. El Ejecutivo autonómico, dentro de éste último, propuso a la Federación Gallega de Municipios y Provincias un borrador de convenio para que se adhieran voluntariamente los concellos que quieran "movilizar los pisos para alquiler social". La Xunta ofrece cobertura a aquellos que se sumen a este programa, con un "seguro multirriesgo de hogar y un seguro de cobro de la renta, que tiene asistencia jurídica", según subrayó Vázquez.
La conselleira destacó que las cifras revelan un descenso de los desahucios, si bien advirtió de que la "mayor problemática" para las familias en riesgo se centra en el alquiler de los inmuebles. Las ejecuciones hipotecarias descendieron un 14 % el año pasado en Galicia, al pasar de los 2.106 casos de 2014 a los 1.810 de 2015, la cifra más baja desde 2008.
La conselleira aseguró que la Xunta atendió "al cien por cien" de las familias que solicitaron ayudas y cumplieron con dos requisitos: no tener otra vivienda y no superar determinados ingresos. En 2015 la Xunta concedió subvenciones a 6.837 familias para pagar sus alquileres y este año prevé que 6.520 requieran su ayuda, para lo que reserva una inversión de 13 millones de euros. El Ejecutivo autonómico puso en marcha en 2012 el Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias, al que pueden acceder las personas que no superen determinados ingresos.
