La Audiencia Nacional da la razón al Ministerio de Interior y la sociedad que gestiona sus infraestructuras en el intento del Concello de recuperar la antigua cárcel provincial sin abonar los 1,2 millones pactados por el Gobierno de Francisco Vázquez en 2005. El Ayuntamiento avanza que recurrirá el fallo judicial, dictado el pasado 24 de febrero, ante el Supremo.

El anterior Ejecutivo firmó en 2014, con el aval del Consello Consultivo, la anulación del acuerdo suscrito entre Instituciones Penitenciarias y el Gobierno vazquista. En virtud de este acuerdo, se cedía una parcela para instalar el Centro de Inserción Social en la ronda de Monte Alto. Además, las arcas municipales pagarían 1,2 millones, una cantidad que equivalía a la diferencia de valor entre la parcela de la prisión de la Torre. El Ejecutivo anterior entendía que las cláusulas de este acuerdo no eran las adecuadas, porque no se tenía en cuenta que las instalaciones se asentaban sobre suelo municipal que fue cedido a la Administración central para usos exclusivamente penitenciarios.

La Audiencia Nacional le da la razón al Ministerio del Interior al entender que el convenio es un "contrato de permuta, figura jurídica en la que las administraciones no gozan de la facultad de revisión de oficio". El edil de Urbanismo indica, en una nota, que la recuperación de la cárcel es "un objetivo irrenunciable" y que tomarán "todas las iniciativas que estén" en su mano para que así sea.