La Audiencia Nacional obliga al Concello a pagar 1,2 millones a Interior para recuperar la cárcel

Un convenio firmado por Francisco Vázquez en 2005 impide al Ayuntamiento rescatar el penal de forma gratuita

23.03.2016 | 14:27
La antigua prisión provincial, con la Torre de Hércules al fondo.

Las claves

  • Convenio. Vázquez firma en 2005 un acuerdo con Instituciones Penitenciarias para la devolución de la prisión a cambio de que el Ayuntamiento le ceda unos terrenos y le pague 1,2 millones
  • Rechazo. El anterior Gobierno local, apoyado por todos los grupos, se niega en 2013 a pagar para recuperar la cárcel. Se basa en que la cedió en 1925 a Interior solo para usos penitenciarios
  • Informe. El Consello Consultivo concluye en 2013 que Vázquez carecía de potestad para cerrar el acuerdo. Además, lo acusa de no justificar debidamente la necesidad de permutar los terrenos
  • Sentencia. La Audiencia Nacional decreta que se trata de una permuta, no de un acto administrativo, por lo que inhabilita al Concello para anular el acuerdo suscrito por Francisco Vázquez

"El cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una parte", advierte el tribunal al Ayuntamiento, al que acusa de "fraude jurídico" por intentar anular en 2014 el acuerdo con el Estado

El Ayuntamiento deberá pagar 1,2 millones al Ministerio del Interior si quiere recuperar la titularidad de la antigua prisión provincial. Así lo ha decretado la Audiencia Nacional, que ha negado al Concello la posibilidad de declarar nulo el convenio que firmó en 2005 el exalcalde Francisco Vázquez con el Ministerio del Interior y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Las dos administraciones pactaron entonces la devolución de la vieja cárcel a la ciudad a cambio de que el Ayuntamiento cediese unos terrenos anexos para poner en marcha el centro de reinserción, que está en funcionamiento. Vázquez aceptó, además de la entrega de las fincas colindantes a Interior, el pago de 1,2 millones para recuperar la antigua prisión, en contrapartida, según explicó, por la diferencia de valor entre las dos fincas.

El Ayuntamiento, en noviembre de 2014, se negó a pagar por la devolución de las instalaciones, al declarar nulo el convenio de 2005 a través de un decreto. El Ministerio del Interior, sin embargo, recurrió a los tribunales, que han fallado a su favor. La Audiencia Nacional ha dictaminado que se trata de "un contrato de permuta", no de un acto administrativo, por lo que concluye el Concello carece de facultades para revisarlo de oficio.

"El cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes contratantes", subraya la Audiencia Nacional en la sentencia, en la que califica la decisión del Ayuntamiento de anular el convenio de "fraude jurídico". Así, los magistrados advierten a la Administración municipal que, en caso de que crea que su consentimiento a la hora de firmar el contrato "adolecía de algún vicio que implicara su nulidad", el "cauce adecuado" era acudir a los órganos jurisdiccionales, "nunca su unilateral declaración de voluntad". El Gobierno local informó ayer de que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional. El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, recordó que el decreto por el cual el anterior Ejecutivo municipal anuló el convenio de 2005 está basado en un informe del Consello Consultivo que lo avala.

El organismo decretó que Francisco Vázquez carecía de competencias para la firma del acuerdo, por lo que la rúbrica debió haber sido realizada por la Junta de Gobierno Local. Además, destacó que el exalcalde cerró el pacto sin aportar "los informes y las consideraciones técnicas, económicas y jurídicas que justificasen la necesidad de realizar la adquisición del penal mediante la permuta de los terrenos".

El anterior Gobierno local, apoyado por todos los grupos de la oposición, aprobó una moción en junio de 2013 para negarse a pagar los 1,2 millones a Interior. El Ayuntamiento arguyó que tiene derecho a la devolución gratuita de los solares porque se los cedió al Estado en 1925 para crear una nueva prisión y, en la actualidad, ya no son utilizados para ese uso. El convenio firmado por Vázquez, sin embargo, imposibilita que el Concello recupere el penal sin pagar. Así lo han determinado, por el momento, los tribunales. La última palabra la tiene el Supremo.

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