Los datos económicos que el rector, Julio Abalde, presentará hoy en el claustro sobre la situación económica de la Universidade da Coruña dejan a las claras los problemas que pasa la institución académica y que sus responsables atribuyen a la insuficiente financiación que recibe de la administración autonómica. Para el equipo de gobierno existe un "déficit histórico de financiación e infraestructuras", al que en los últimos años se sumó la crisis económica, lo que obligó a la Universidad a "planificar la aplicación de los fondos propios para suavizar la caída del presupuesto".

La traducción de esta terminología es que fue necesario hacer uso del remanente de tesorería -los fondos disponible en caja o entidades financieras, así como los derechos de cobro reconocidos- para poder hacer frente a las obligaciones económicas de la institución.

La situación se agravó durante el año pasado, en el que según el rectorado hubo "tensiones de liquidez muy importantes" que forzaron la suspensión en el verano de la adopción de nuevos compromisos de gasto y que fuese necesario emplear la mayor parte del remanente. De acuerdo con los datos de la memoria del año 2015 que Abalde expondrá a los claustrales, de los 2,8 millones de euros que estaban disponibles hubo que utilizar 2,27 millones, por lo que estos recursos se vieron reducidos a 495.032,05 euros, que se incorporarán al presupuesto de este año dentro de los activos financieros.

Pero, además, el rectorado entonces dirigido por Xosé Luís Armesto, tuvo que enfrentarse a la dificultad de haber elaborado un presupuesto superior al que finalmente podía disponer, ya que había incluido 2,8 millones de euros que reclamó a la Xunta mediante un recurso al estimar que los fondos autonómicos se habían distribuido de forma incorrecta. La desestimación de este recurso dejó a la Universidad sin esos recursos y tuvo que abordar el resto del curso sin esa cantidad.

Para tratar de aliviar la situación, el rectorado abrió una negociación con las consellerías de Educación y Facenda que concluyó con la aprobación de un sistema de abono mensual de la asignación que la Xunta concede a la Universidad, con el fin de facilitar la gestión de su tesorería. Este mismo método se empleó con una cantidad de casi 6 millones de euros que en principio iba a ser entregada una vez que se certificasen los gastos realizados, tras comprobar que no era necesario.

La previsión del equipo de gobierno es que en este mes se ingresarán las tres primeras mensualidades del año y que la única aportación de la Xunta que no siga este sistema sea la que se dedica a financiar las inversiones por obras de reforma, ampliación y mantenimiento de infraestructuras, además de la parte de la paga extra de 2012 que no se cobró y que se abonará ahora a los funcionarios.