El presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, considerado uno de los presuntos cabecillas de la operación Zeta, rompió ayer su silencio. Aunque todavía no ha declarado ante la juez -fue citado en dos ocasiones, pero no testificó porque cambió de abogados- decidió convocar una rueda de prensa para proclamar su inocencia: "Eliseo Calviño no se ha llevado de esta organización ni de ninguna el valor de un lápiz. De ninguna. Por principios, por ética, por moral, por conocimientos", subrayó.

El sospechoso de haber defraudado más de cuatro millones de euros en subvenciones para cursos de formación, la mayoría procedentes del Estado, reconoce que Caype pudo incurrir en "irregularidades administrativas", de las que responsabilizó a la encargada de formación de la confederación y a las "empresas impartidoras" de los cursos, entre las que figura Azetanet, la consultoría de Gerardo Crespo, presunto líder de la trama para defraudar ayudas públicas. El investigado mantuvo que el inicio de la Zeta, que surgió en 2011 a raíz de una denuncia presentada por dos de sus empleadas -una de ellas la responsable de formación-, se debió a una trama urdida por "políticos egoístas" contra Crespo.

"Esto ha venido por la caza que quisieron hacerle porque estaban cansados de él. Porque los políticos son muy egoístas", declaró, al tiempo que añadió que el "enfrentamiento" del empresario con los "políticos" nació por una fotografía que se hizo con Mariano Rajoy en la Moncloa. "A partir de ahí, cuando lo vieron, le empezaron a coger odio porque los políticos son tremendamente orgullosos y egoístas. Ahí fue donde empezó la cosa", subrayó. Calviño insistió en que no conocía a Crespo y que optó por subcontratar a su consultoría para que impartiese los cursos porque se lo recomendó la Xunta. "Me decidí por Gerardo Crespo, aunque había otras empresas, porque me lo recomendó la Xunta de Galicia. Gerardo era un señor que estaba integrado absolutamente en las directivas del PP y tenía que tener relación con la Xunta porque estaba impartiendo mucha formación", indicó. Las entidades implicadas en la Zeta recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias. Solo de la Xunta, según consta en el sumario, se embolsaron alrededor de 15 millones. Caype, sin embargo, obtuvo casi todas las subvenciones del Ministerio de Trabajo en la época de Gobierno de Zapatero. Por el momento, en la trama hay 55 imputados, entre los que figuran empresarios, exaltos cargos de la Xunta, tanto de la etapa del gobierno formado por el PSOE y BNG como del PP, dirigentes de asociaciones y sindicalistas. Calviño y su abogado, Xoán Antón Pérez Lema, achacaron a "errores metodológicos" los indicios que tanto la Policía Judicial como la Agencia Tributaria tienen contra él.

La magistrada sostiene en un auto emitido la semana pasada que la confederación de autónomos diseñó "un entramado de sedes ficticias que abarcan todo el territorio nacional" para conseguir fondos de distintas administraciones. En concreto, "el engaño" le permitió obtener 3,2 millones del Ministerio de Empleo; 747.000 euros de la Xunta; 35.000 euros de la Consejería de Empleo del País Vasco; y 16.000 de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo. La juez concluye que Caype se constituyó como "un chiringuito, un mero artificio cuya finalidad era la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y a la justificación del gasto".

El auto insiste en la "nula representatividad" que tenía la entidad dirigida por Calviño, así como en "los medios que empleó para simular su implantación en todas las comunidades autónomas", tales como la compra de listados de autónomos y la constitución de sedes ficticias "en connivencia con el personal de Azetanet", la consultoría de Crespo. Una vez que Caype obtenía las subvenciones, justificaba de forma fraudulenta los gastos ante las administraciones a través de facturas falsas o del inflado de los costes por parte de empresas de Crespo y del propio Calviño, según relata la instructora en el auto.

"Yo no sé de qué va la contabilidad, de qué va la parte administrativa. Lo que pusimos en la directiva fueron todos los recursos. La contabilidad la llevaba una abogada, había una gestoría que asesoraba y al final de año se hacía una auditoría externa. Lo hacía así para librarme de todas estas cosas, pero la verdad que valió de poco", manifestó Calviño, al tiempo que añadió: "He dedicado cientos de miles de horas de tiempo a los demás. Debe ser por mi formación humanista".

El sospechoso defendió el haber contratado a su mujer -también investigada- para impartir un curso a distancia de 14 horas por el que cobró 2.000 euros. Además, admitió haber percibido 4.500 euros al mes netos de Caype durante tres años. "Tenía el sueldo de un directivo de una mediana empresa porque trabajaba mucho para poder constituir una gran organización. Lo decidió la ejecutiva porque le dedicaba tantas horas que tenían miedo de que me cansase", señaló.