La Valedora do Pobo, Milagros Otero, ha tenido que reiterar a la Consellería de Economía, Emprego e Industria que le envíe informes sobre la gestión de la fábrica de armas a cargo de la empresa que obtuvo la concesión en septiembre de 2014, Hércules de Armamento. Alertada por el antiguo comité de empresa de la planta de Pedralonga sobre irregularidades en el funcionamiento de la fábrica y en la situación de la compañía, Otero había solicitado esta información al departamento del Gobierno gallego en noviembre del año pasado para conocer si la concesionaria cumplía los compromisos industriales adquiridos en el proceso de adjudicación, pero la Xunta todavía no se la ha facilitado.
"A día de hoy [la Consellería] no nos remitió el informe requerido sobre las gestiones realizadas por la administración autonómica ante el Ministerio de Defensa. Por este motivo, con fecha de hoy reiteramos su remisión", responde la Valedora do Pobo a Roberto Teijido, expresidente del anterior comité de empresa, vinculado a UGT, en un correo fechado este lunes.
Otero había establecido en noviembre un plazo de 15 días a Industria, así como al Ayuntamiento, para que le presentasen sendas documentaciones sobre sus conocimientos acerca de la actividad en la factoría coruñesa, pero solo recibió un informe del Concello, no de la Xunta. Por ello, ahora insiste en reclamar el envío de esa información, aunque en la respuesta a Teijido, casi cinco meses después de la primera solicitud, no alude a plazos.
A la Consellería, además de al Gobierno central, le reclaman también los antiguos trabajadores explicaciones sobre la gestión de Hércules de Armamento y aclaraciones sobre su situación económica, ya que denuncian impagos con la Seguridad Social, con Hacienda y con la actual plantilla de la fábrica de armas. El área de Industria, consultada por este periódico, no respondió ayer cuándo ha previsto remitir a la Valedora la documentación que le vuelve a pedir sobre la concesionaria y su gestión de las instalaciones de Defensa.
En su insistencia por obtener información precisa, los trabajadores despedidos han contactado esta semana con los grupos políticos en el Parlamento gallego, a los que han explicado la situación de la planta tras la adjudicación a Hércules. Los diputados del PSOE presentarán un conjunto de preguntas en el próximo pleno sobre la situación de la concesión y las irregularidades denunciadas por el antiguo personal y una proposición no de ley para que la Cámara inste a la Xunta a analizar con Defensa la viabilidad de la empresa que gestionar la planta. Los exempleados también se reunieron este lunes con los grupos del BNG y el grupo Mixto y mañana lo harán con el PP, para terminar, todavía sin fecha, con AGE.
La última novedad significativa en la actividad de la fábrica de Pedralonga está relacionada con su seguridad privada, un servicio que la instalación recuperó el pasado 18 de marzo tras cuatro meses sin vigilantes, lo que provocó que Defensa le retirase la autorización para fabricar armamento. La empresa Alcor releva a Segur Ibérica, aunque el Ministerio aún no ha permitido de nuevo a Hércules volver a producir armas, por lo que sigue limitando su actividad a la producción civil. El Gobierno central no aclara cuándo le devolverá el permiso.
Representantes de Hércules de Armamento y del Ministerio se reunieron el mes pasado para analizar la concesión, de la que la empresa aún no ha pagado el canon anual de 250.000 euros. Defensa advierte a la compañía, que ha adelantado dos veces que en breve llegará un socio inversor, de que si no lo abona ejecutará el aval depositado tras ganar el concurso y que vigilará el "estricto cumplimiento" de los compromisos de la empresa.
