El Gobierno local analizó el cambio de gestión

El Ayuntamiento comienza a tramitar todas las denuncias de los agentes de la ORA

El Concello notificaba antes las multas solo a los reincidentes - Los vigilantes de la concesionaria envían las denuncias con un código e imágenes identificativas del coche, para su tramitación

15.04.2016 | 02:30
Una controladora de la ORA junto a vehículos en una calle de la ciudad.

Las multas de la ORA que hasta hace poco tramitaba el Concello iban dirigidas principalmente a los infractores reincidentes, pero el Gobierno local ha cambiado el tratamiento: ahora, tras haber sido emitidas por los agentes de la ORA, todas las denuncias pasan por el Ayuntamiento, que puede cobrarlas todas. Estos vigilantes tienen un código personal y acompañan sus denuncias con imágenes de los vehículos estacionados indebidamente para identificar a sus propietarios, con la intención de dar mayor veracidad a la infracción cometida en el caso de que sea recurrida. Fuentes policiales dudan del nuevo procedimiento, ya que advierten de que los ciudadanos no saben si quien les multa es un policía local o un controlador de la ORA sin competencias de autoridad

La reincidencia en el incumplimiento dejará de ser la principal causa por la que el Ayuntamiento multe a los infractores de la ORA, aquellos conductores que estacionen sus coches durante más tiempo del que han abonado en zonas reservadas con línea azul sin renovar el tique o que aparquen en espacios marcados con línea verde de calles donde no son residentes sin tener esta identificación. Fuentes municipales apuntan que el Concello ya está tramitando todas las denuncias que registran los agentes del aparcamiento regulado de la nueva concesionaria del servicio, Setex Aparki, que a continuación remiten a la Policía Local.

Una de las novedades con la nueva concesión, que comenzó en noviembre, es la utilización de un nuevo equipamiento tecnológico, a través del cual los agentes pueden captar imágenes de los vehículos infractores para registrar su identificación. Las denuncias de los vigilantes son ahora remitidas directamente al Ayuntamiento con un código que a su vez identifica a los agentes, una referencia de 21 controladores publicada a comienzos de este mes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que se ha de hacer constar en cada notificación.

Con la nueva gestión de la ORA y los documentos visuales tomados, según las fuentes del Gobierno local, las denuncias voluntarias de los agentes tendrán una mayor veracidad de las que se enviaban durante la concesión anterior, en las que no se incorporaban fotografías de los coches estacionados de forma incorrecta y podían ser recurridas por el denunciado. En el caso de que un afectado decida alegar ahora ante la multa recibida, alegan estas fuentes, tiene menos posibilidades de conseguir que la denuncia sea sobreseída por algún defecto de forma, aunque puede cuestionar la autoridad de quien ha remitido la supuesta infracción.

De hecho, fuentes policiales consultadas por este periódico dudan de la aplicación de esta medida de acuerdo con la ley de seguridad vial y advierten de que la identificación mediante códigos de los controladores en cada denuncia puede provocar la confusión en los ciudadanos, quienes no sabrían con seguridad si quien les multa es un vigilante de la ORA, que no es un agente de la autoridad, o si se trata de un policía local.

Con el anterior adjudicatario, Doal, filial del grupo Vendex, investigado en la rama coruñesa de la operación Pokemon, la tramitación de denuncias de la ORA por parte del Concello fue muy baja, según fuentes del Gobierno local. Doal comenzó su concesión en 2005 y su contrato acabó a finales del año pasado, tras dos prórrogas, antes de la firma con Setex.

También un año antes de empezar su servicio, en 2004, los vigilantes de la ORA habían enviado algo más de 300.000 denuncias. El Ayuntamiento, según recogía en su memoria de aquel año, solo había tramitado por vía ejecutiva el 2%, menos de 7.000, presumiblemente por incumplimiento reincidente de las condiciones de la ORA. Entonces era Setex el concesionario.

A partir de 2008 el servicio registró pérdidas y desde ese año hasta al menos 2014 le costó más de 3,5 millones de euros a los gobiernos municipales del bipartito del PSOE y el BNG y del PP, ya que el Concello, obligado por contrato, cubría el déficit. El cambio de concesionario, de nuevo con Setex, se produjo pocos meses después del inicio del mandato de Marea y conllevó modificaciones. El nuevo servicio permite acciones pensadas para acabar con el incumplimiento reiterado del pago de los tiques, como prolongar la vigencia de cada papel a través del teléfono móvil.

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