El futuro de Maderas Peteiro, pendiente del dictamen del Superior sobre su legalización

La fábrica coruñesa, en situación irregular porque su licencia es aún de ebanistería, recurrió una sentencia en contra de sus intereses ante el Alto Tribunal Gallego

16.04.2016 | 11:30
El colegio Calasanz, con Maderas Peteiro al fondo, en Os Rosales.

Una década de pleitos ante la Administración y los tribunales y aún se desconoce cuál será el futuro de la maderera de Os Rosales, cuya mudanza desean sus vecinos más próximos, que llevan años lamentando molestias por ruido y contaminación. Un convenio, sellado en 2009 por Maderas Peteiro y el Concello, fija que la factoría recibirá edificabilidad a cambio de su traslado, que debería materializarse los cuatro años siguientes a la aprobación definitiva del plan general. Pero, por el momento, todo sigue en el aire en lo referente a la maderera, que un tribunal declaró ilegal por ampliar su actividad sobre una antigua licencia de ebanistería. Las partes están pendientes de un fallo del Superior, después de que un juez anulase los intentos del Gobierno anterior por legalizarla

La maderera de Os Rosales, por cuyo traslado llevan años luchando los vecinos en el Concello y los tribunales, está pendiente de que el Tribunal Superior ratifique o no la sentencia de un juez en Primera Instancia que tumbó el proceso para legalizarla que tramitó el Gobierno anterior. El actual Ejecutivo decidió no recurrir el fallo en contra de Maderas Peteiro pero sí lo hicieron los representantes legales de la factoría.

Las partes están pendientes del dictamen del Alto Tribunal Gallego en fechas próximas. Los propietarios de la maderera esperan darle la vuelta a la sentencia emitida el pasado otoño, que echa abajo la transmisión de la licencia que concedió el Gobierno anterior y que "posibilita", según el magistrado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña, la concesión de los permisos a la factoría para regularizar su actividad.

Un fallo judicial firme anterior había ratificado que la empresa solo tiene licencia para trabajos de ebanistería, otorgada en 1973, y planta de cogeneración (1997), aunque con los años fuese ampliando su actividad al almacenaje y secado de madera y posterior fabricación en serie de muebles y otras piezas, transformando su actividad en industrial sin solicitar las preceptivas autorizaciones.

Los vecinos de la calle Simón Bolívar, los más próximos a Maderas Peteiro y que han denunciado durante más de una década ruidos y polución, recurrieron todo el proceso que realizó el Gobierno del PP a lo largo del mandato pasado al entender que el Concello pretendía conceder "clandestinamente" nuevas licencias a la fábrica a través del cambio de titularidad en la firma.

El acto impugnado por los vecinos fue el traspaso, en enero de 2012, de la licencia. Esta autorización había sido concedida individualmente al fundador de la maderera y la titularidad se pretendía transmitir, con objeto de regularizar la situación, a la sociedad limitada que él mismo fundó. El problema fue que, aprovechando el traspaso, se incluyeron "actividades que no estaban previamente licenciadas", al ir acompañada la solicitud de un "proyecto refundido de ampliación de las instalaciones de almacenaje y secado". La comunidad afectada recurrió primero por vía administrativa pero el Concello no denegó su petición hasta marzo de 2014, momento en el que los afectados se dirigieron al Contencioso. El juez dio la razón en todos sus argumentos a los vecinos y se mostró contundente al cuestionar, tanto la actuación municipal, como los informes técnicos que sustentan el proceso de legalización.

Tras conocer la sentencia -dictada después del cambio de gobierno en María Pita- el Ejecutivo de Marea informó de que no recurriría el fallo, alegando para no presentar más oposición en los tribunales que las "motivaciones" para anular "el acuerdo del PP" estaban "correctamente fundamentadas".

La mudanza

Detrás de todo el embrollo judicial está la marcha de Maderas Peteiro de Os Rosales. La empresa tendría que mudarse de este entorno residencial, según lo comprometido con el Concello en un convenio incluido en el plan general, en verano de 2017 (cuatro años desde la entrada en vigor del plan general). Es la literalidad del acuerdo por el que el Concello le otorgó, en 2009, un aprovechamiento urbanístico en la zona para construir tres bloques de seis alturas para compensar a la firma por la mudanza de sus actividades, cuya legalización se tramitó durante el mandato del Gobierno anterior, en el proceso que declaró nulo el juez.

Este convenio está incluido en el plan general aprobado en 2013, que recurrieron también los vecinos al entender que el pacto- rubricado solo 15 días antes de que la Corporación diese la aprobación inicial al PGOM- es "contrario al derecho" y que no queda justificado el aumento de edificabilidad respecto al documento anterior (1998). Sin embargo, en este caso, el Superior avaló la actuación municipal. Los vecinos demandan una solución para el conflicto, que pasa por impulsar la mudanza de la empresa.

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