Cada uno de los cinco jóvenes de entre 21 y 33 años identificados por okupar durante casi tres años el antiguo convento de las Oblatas, situado en Palavea, fue condenado a pagar una multa de 270 euros por cometer un delito de usurpación. Un grupo numeroso de jóvenes entró a la fuerza en la vivienda en 2011 tras ser desalojado de la Casa das Atochas, en Monte Alto, y la okupó para poner en marcha un centro social.
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña indica en la sentencia que los imputados, todos ellos sin antecedentes penales, formaban parte de un colectivo que reivindicaba "la okupación de espacios ajenos como medio de protesta social ante la desigualdad distribución de la propiedad, la especulación inmobiliaria, los desalojos de domicilios derivados de la crisis económica y la incapacidad de amplios sectores de poblaciones jóvenes al acceder al mercado de la vivienda, entre otros frentes".
Los condenados, "en unión de otras personas que no han sido identificadas", concertaron unos días antes del 29 de julio de 2011 entrar en el recinto, que está formadas por un terreno de 7.248 metros cuadrados y un edificio de 1.632 metros cuadrados con semisótano, planta baja, dos pisos y desván. El inmueble y el solar fueron sede de la congregación religiosa de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y en la fecha en el que fue okupado pertenecía a NCG División Grupo Inmobiliario S.L.
"Ningún representante de esta última había otorgado su consentimiento para la entrada ni para la permanencia de los acusados y de sus acompañantes en dicha propiedad, ni ellos se habían propuesto, de hecho, recabarlo", subraya la titular de Penal 5 en la sentencia, en la que reconoce que no se pudo determinar "si la estancia de los acusados en ella fue ininterrumpida". No obstante, señala que existe "constancia" de que el grupo del que formaban parte, compuesto por "varias decenas de personas" , se mantuvo en el recinto "con periódicos reemplazos de sus componentes durante bastantes semanas".
La juez arguye que los jóvenes organizaron en las instalaciones "numerosas actividades lúdicas, formativas y asamblearias", que fueron convocadas a través de anuncios en internet o pasquines. Los sentenciados, según sostiene la magistrada, utilizaron la okupación del inmueble de Palavea "como plataforma para expresar sus propuestas sociales y políticas y difundir lo que suponía la okupación del recinto como acicate de movilización ciudadana". Los acusados fueron desalojados, junto con el resto del grupo, el 25 de marzo de 2014.
La Fiscalía reclamaba en su escrito de calificación que cada uno de los investigados -una mujer y cuatro hombres- fuera condenado a pagar una multa de 1.200 euros, mientras que la acusación particular demandaba que abonasen 2.700 euros. Además, solicitaba a la juez que les impusiese el pago de una indemnización de 30.000 euros a los dueños del recinto en concepto de "daño moral y lucro cesante por la privación del uso y explotación del inmueble durante el tiempo que fue okupado por los acusados desde que se adquirió a la anterior propietaria".
