El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dado la razón a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que impugnó el contrato que le otorgó la Diputación el pasado mes de febrero a la Universidade de A Coruña para realizar un servicio de actualización, análisis y mantenimiento de una encuesta sobre infraestructuras y equipamientos locales de la provincia por dos años y un importe de 178.000 euros (IVA incluido) cada año. Este tribunal considera que efectivamente la valoración de las ofertas presentadas por las aspirantes a este contrato no se justifica y su motivación es "insuficiente".

La UTE conformada por las empresas Espina y Delfín, Giga Gabinete de Ingeniería y Avansing impugnaron la adjudicación del contrato, que se publicó en agosto de 2015, al alegar "falta de motivación suficiente en el informe de valoración de las ofertas" y el Tribunal Económico acordó paralizar la tramitación de este contrato hasta que hubiese una resolución, que se emitió el pasado 1 de abril.

Este órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destaca en su resolución que la motivación para adjudicar un contrato no tiene que ser exhaustiva y pormenorizada pero el informe que hicieron los técnicos de la Diputación fue "extraordinariamente parco" salvo en uno de los criterios de valoración, y opta por dar puntos "con base a razones genéricas" pero "no concreta el porqué de la puntuación obtenida en cada criterio" y además "solo se refiere a la oferta de la Universidade de A Coruña".

Respecto a uno de los criterios de valoración del pliego de cláusulas, el de la metodología de trabajo y plan de mantenimiento, el Tribunal de Recursos Contractuales reconoce que "existe una sensible diferencia de puntuación en favor de la Universidade de A Coruña sin que aparezca ninguna razón que lo justifique" y lo mismo ocurre al evaluar el criterio de control de calidad. En cuanto al criterio de mejoras "se señala simplemente que se consideran de mayor interés las propuestas por la oferta de la Universidad".

El Tribunal Económico destaca que el informe de valoración de las ofertas de este contrato de la Diputación no permite saber qué lógica se siguió en el examen de las ofertas y no es posible saber si la valoración "es conforme a los pliegos o si por el contrario es arbitraria, discriminatoria o incurre en errores materiales". Por lo tanto resuelve que el organismo provincial dé marcha atrás en este contrato hasta el momento de emisión del informe técnico de valoración de las ofertas para que se emita una "evaluación suficientemente fundada" de las ofertas de las empresas aspirantes.