El Juzgado de Instrucción número 6 investiga supuestos cobros de sobornos por parte de empleados del área municipal de Urbanismo a cambio de facilitar la concesión de licencias o de impedir la pérdida de las ya otorgadas. Las diligencias parten de la denuncia de la Fiscalía contra un funcionario de este departamento por un presunto delito de cohecho, a la que el Ayuntamiento se ha sumado como acusación particular. La investigación arrancó el pasado mes de noviembre y no trascendió hasta ayer, aunque fuentes cercanas a la investigación aseguran que las sospechas apuntan a que estos presuntos hechos delictivos en Urbanismo se habrían cometido "desde hace años".

El Ministerio público inició la investigación en el mes de noviembre pasado, después de que el Gobierno local le advirtiese de la comisión de posibles delitos a raíz de la queja de un ciudadano que, ante una funcionaria de Urbanismo, había protestado por haber pagado a un empleado de este departamento para evitar que su permiso caducara. La empleada comunicó el presunto delito a sus superiores el 3 de noviembre pasado. Tres días después, el Ayuntamiento comunicó los hechos a la Fiscalía, que abrió diligencias.

El Ministerio público, después de su investigación, ha interpuesto denuncia contra el funcionario sobre el que pesan las sospechas por la comisión de un presunto delito de cohecho, que consiste tanto el pago como la aceptación de sobornos a empleados públicos en el desempeño de sus funciones profesionales en la Administración. La denuncia ha supuesto la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 6, en el que ha recaído la investigación del caso. El lunes de esta semana, la titular del juzgado aceptó el personamiento en el procedimiento solicitado por el Ayuntamiento en calidad de acusación particular.

El Ayuntamiento ha apartado de su puesto al funcionario denunciado, al que ha trasladado a otro servicio municipal. Ayer, el Gobierno local rehusó pronunciarse sobre la investigación abierta y la denuncia de la Fiscalía en el juzgado. Solo se limitó a señalar que puso en conocimiento del Ministerio público las "presuntas irregularidades" en el momento en que tuvo conocimiento de ellas y que el caso está en manos de la Fiscalía y el juzgado.

La magistrada de Instrucción número 6 dirige otra causa de presunta corrupción, la operación Zeta, una supuesta trama de fraude en ayudas y subvenciones públicas para la formación de desempleados con epicentro en A Coruña y ramificaciones en diferentes comunidades autónomas. La juez dio traslado en marzo a la Audiencia Nacional de la parte de la investigación que afecta a localidades fuera de Galicia.