El Concello se ofrece a comprar el complejo deportivo de La Solana por su valor de tasación, 1,3 millones de euros. La Autoridad Portuaria había planeado abrir la subasta conjunta del hotel Finisterre, tasado en 4,2 millones de euros, y el complejo deportivo. El Ayuntamiento propone que la enajenación se haga de manera segregada para poder adquirir las instalaciones, una propuesta que se realizó esta mañana en la reunión del Consejo de la entidad. Los responsables portuarios dicen que analizarán la viabilidad jurídica y técnica de la oferta.

El BNG ha cargado contra la decisión municipal. "O bien el Gobierno local ocultó información cuando se le preguntó en el Pleno de abril sobre la venta de los terrenos de la solana y de Finisterre o ahora está improvisando con propuestas inadmisibles como la de hoy, pagando con el dinero de todos los coruñeses parte de la deuda de la Autoridad Portuaria", reprochó la edil Avia Veira en un comunicado.

El consejo de administración del puerto rechaza la reclamación de Copasa sobre el sobrecoste en el túnel de La Marina

Los miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña también han rechazado la reclamación de la constructora del túnel de La Marina, en la que cifra en 9 millones de euros el sobrecoste de la obra. Los responsables portuarios basan su argumento en un informe de la Abogacía del Estado que "respalda a la Autoridad Portuaria" y han resuelto por unanimidad en el consejo celebrado este miércoles desestimar la reclamación administrativa presentada por la UTE Túnel de la Marina, en la que es mayoritaria Copasa.

La UTE, integrada por Copasa y Civis Global, se había comprometido a realizar la obra con un presupuesto de 10,9 millones de euros, frente a los 16,5 millones que figuraban como importe de licitación, y en un plazo de 13,5 meses, frente a los 15 meses del proyecto, "justificando y asumiendo en su propuesta esta rebaja en el precio y en el plazo".

Además, indica que, "dado que las obras se iniciaron en diciembre de 2013, su conclusión estaba prevista por la propia constructora para enero de 2015". Sin embargo, sostiene que estos plazos "fueron incumplidos por Copasa sistemáticamente".