El consejo de administración de la Autoridad Portuaria resolvió ayer por unanimidad desestimar la reclamación de nueve millones de euros por el sobrecoste del túnel de la Marina que le presentaron hace nueve meses Copasa y Civis Global, la UTE que ejecutó la obra, que achacan el incremento a errores en el proyecto y a los turnos de trabajo de 24 horas. El ente público alega que un informe técnico propio que corrobora la Abogacía del Estado rechaza ese aumento del coste respecto a los 10,88 millones presupuestados y atribuye a las empresas el incumplimiento de los plazos de ejecución y un retraso de 11 meses sobre el periodo de 13,5 meses comprometido. La obra concluyó en diciembre del año pasado, 23,5 meses después de su comienzo.
El Puerto, que asumió dos millones del coste frente a los 8,88 del Ayuntamiento, despacha el anuncio de la desestimación de la reclamación de Copasa en una nota de prensa en la que resalta la demora en la finalización del túnel y la reducción en 5,6 millones de su precio respecto al importe de licitación, pero no alude a las razones con las que la empresa explica el sobrecoste de nueve millones.
La UTE alega en su reclamación que las "alteraciones" en la obra producidas por errores descubiertos en el proyecto original redactado por el Puerto y la "presión" a la que le sometieron la entidad y el Gobierno local anterior para acabar la obra antes de las elecciones municipales de mayo de 2015, como la extensión a 24 horas de los turnos, motivaron el encarecimiento de los trabajos.
Copasa señala en la reclamación enviada al Puerto que en los primeros meses de la obra del túnel de la Marina presentó al ente público en abril de 2014 unas propuestas para el rediseño de soluciones estructurales con elementos prefabricados que habrían "redundado en un menor plazo de ejecución con un sobrecoste despreciable", pero la Autoridad Portuaria, asegura, las desestimó porque supondrían que se prolongase la tramitación administrativa de las actuaciones.
La empresa apunta que esas soluciones eran conocidas por la dirección de obra del proyecto y contrasta la prisa que se dieron el Puerto y el Ayuntamiento por realizar modificaciones "relevantes" en el proyecto "sin temor alguno a los plazos administrativos" en febrero de 2015, tres meses antes de las elecciones, frente al rechazo a las alternativas planteadas casi un año antes por las firmas adjudicatarias.
La demanda de las constructoras está dirigida al Puerto, no al Concello, como matizó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, que manifestó desconocer las "supuestas presiones" a Copasa que encarecieron la obra y adelantó que el Ayuntamiento "no va a pagar un euro más de lo que le corresponde" según el convenio suscrito con la entidad portuaria para la ejecución del proyecto. "Es un gasto electoral del PP y debería ser el PP el que lo pagase", propuso Ferreiro. El edil de Rexeneración Urbana y miembro del consejo del administración del Puerto, Xiao Varela, solicitó que una comisión investigue la reclamación millonaria por sobrecoste.
