La unión temporal de empresas (UTE) constituida por Copasa y Civis Global atribuye el sobrecoste de la obra del túnel de la Marina, por el que reclamará en los juzgados 9 millones de euros a la Autoridad Portuaria, a errores en el proyecto encargado por la entidad pública y a los turnos de trabajo de 24 horas. Los fallos que señalan las firmas en la reclamación administrativa que remitieron al Puerto hace nueve meses se refieren especialmente al uso del trépano, que en lugar de emplearse solo en los casos en los que "fuera preciso" para resolver "obstáculos intermedios", como señalan los pliegos técnicos del contrato, se hizo de forma habitual como sustitución a las excavaciones convencionales. Ello supuso la excavación con esta máquina de un "importante porcentaje de muros pantalla" del túnel y la ejecución de trabajos no previstos en el proyecto, lo que elevó el coste de la obra y su retraso.

Copasa y Civis Global indican en la reclamación que "no puede haber dudas" respecto a que la aparición de rocas en el subsuelo con características diferentes a las que la documentación facilitada por el Puerto preveía inicialmente y la existencia de redes de servicio que tampoco estaban recogidas en el proyecto alteraron las bases del contrato y las condiciones de ejecución de la obra. Estos descubrimientos, que las empresas fechan en julio de 2014, obligaron al órgano portuario a utilizar el trépano de forma "constante" por las necesidades de la obra, una técnica de excavación que la encarece.

"Es obvio que el coste de ejecución de la obra y los rendimientos y ritmos de ejecución del muro pantalla no pueden ser los mismos en caso de que sea necesario el empleo del trépano de forma habitual como un medio regular de trabajo", explica la reclamación, que reitera lo "costoso" y "lento" del método de trepanación.

Las empresas critican en este aspecto el informe del director de obra en el que se apoya el Puerto para desestimar la reclamación económica de las constructoras, ya que el responsable técnico imputa las alteraciones imprevistas -las características geotécnicas del subsuelo y el desvío de servicios afectados- "al riesgo y ventura del contratista". Las firmas resaltan que "actuaron de buena fe" y que se han visto gravemente afectadas por un "riesgo imprevisible" que alteró el plan de ejecución que recogía el proyecto inicial del túnel.

Copasa, que alegó haber recibido "presiones" de la Autoridad Portuaria y del Gobierno local anterior para terminar la obra del túnel y la urbanización de la Marina antes de las elecciones municipales de mayo de 2015, añade en su reclamación que la aparición de sustratos geológicos que exigían nuevas excavaciones en los muros pantalla con trépano no fue tenida en cuenta por el Puerto para mantener finales de abril del año pasado como fecha prevista de apertura.

La Autoridad Portuaria otorgó en octubre de 2013 la obra de la Marina a la UTE Copasa y Civis Global, que competía con proyectos que reducían más el coste de la infraestructura pero no justificaban sus condiciones para evitar incurrir en baja temeraria. El proyecto ganador establecía un ahorro del 34% en el coste de la obra -de 16,5 millones de euros presupuestados para la licitación pasaba a 10,88- y un plazo de ejecución un año y medio inferior al previsto en las bases del concurso, 13 meses y medio en lugar de 15. La obra finalizó en diciembre del año pasado, 23,5 meses después de su comienzo.

Copasa había obtenido en abril de 2012 la adjudicación en O Parrote como única aspirante para construir el túnel y el parking (el contrato imponía un canon de 10 millones a las otras firmas). El Puerto recordó que la empresa le había solicitado en 2011 una indemnización de 21,6 millones por la paralización de este parking aduciendo lucro cesante por no poder explotarlo, aunque al final renunció a esa reclamación.