Era un proyecto caro de máxima complejidad. Y el objetivo de acabarlo en dos años antes de las elecciones, muy ambicioso, teniendo en cuenta además que rara es la vez que una obra pública finaliza en plazo. Está ahora en discusión el sobrecoste de 8,75 millones de euros que demandan la contratista, la UTE Copasa y Civis Global, que alega que surgieron "numerosas incidencias", como la aparición de roca o la ejecución de servicios, y que el Puerto y el Concello ejercieron una "presión" para abrir el túnel antes de las elecciones que lo encareció. La Autoridad Portuaria alega que la adjudicataria incumplió los plazos, que ya ha asumido económicamente los cambios y que los imprevistos corren a cargo de la empresa. La reclamación presentada el pasado agosto por Copasa y Civis Global revela la secuencia de hechos entre bastidores, la que normalmente se queda en los despachos de las Administraciones y las empresas, pero que en esta ocasión sale a la luz a las puertas de los juzgados.
►24 de octubre de 2013. El Puerto adjudica a la UTE Copasa-Civis Global la construcción del vial soterrado de la Marina por 10,88 millones. Copasa era la firma que había iniciado el parking de O Parrote y que, como única aspirante, también resultó adjudicataria de la reanudación del aparcamiento y el túnel asociado. El contrato se sostenía en un convenio entre Puerto y Concello (el 23 de enero de 2012), que pagaría un 81,6% del coste. El Puerto se encargó de diseñar el proyecto. Se fija como fecha para entregar la obra el 18 de enero de 2015 (cuatro meses antes de las elecciones). "Desde el inicio de las obras se han producido numerosas incidencias no previstas en el proyecto constructivo", indica Copasa en la reclamación. Estas, repercutieron "notablemente" en el programa de trabajos presentado por la UTE en la oferta, "con el consiguiente incremento de costes de la ejecución".
►Abril de 2014. Ya en los primeros meses de la obra, "para tratar de compensar en la medida de lo posible los retrasos, la empresa había estado trabajando, "con pleno conocimiento y anuencia de la dirección de obra", en el diseño de "soluciones prefabricadas" para un menor tiempo de ejecución "con un sobrecoste despreciable". Pero el 7 de abril de 2014, el Puerto las rechazó, porque requerían modificaciones administrativas. La solución que se busca, debido a los problemas que se producen desde una fase temprana, es trabajar en horario nocturno. "El 15 de julio la Autoridad Portuaria traslada a la UTE una supuesta autorización municipal para los trabajos nocturnos e indica que el horario a partir del 23 de julio sería de 24 horas, dicha autorización no sería remitida hasta el 11 de noviembre". Ese mismo mes aparece la roca, que obliga a usar el trépano de forma habitual para excavar. El Puerto mantenía públicamente la fecha de finalización para antes de las elecciones.
►17 de septiembre de 2014. Casi un año después de la adjudicación, la UTE remite a Dirección de Obra un documento de valoración previa. En él se recogían "numerosas unidades de obra ejecutadas que diferían de las incluidas en el proyecto constructivo" y que la empresa las consideraba "de abono". Afirman que querían hacer este informe para, según fija la ley, negociar.
►Diciembre de 2014. La Autoridad Portuaria redacta un proyecto complementario, que no se hizo público. Copasa sostiene que este documento era insuficiente porque, entre otras cuestiones, "no se ajustaba a la realidad de los trabajos ni a las condiciones en las que estos fueron llevados a cabo". Este proyecto complementario tenía por objetivo, según contiene su redacción "definir y valorar las obras que, a pesar de no estar incluidas en el proyecto original, es necesario ejecutar para la correcta terminación". El presupuesto, que se añadía a los 10,88 millones que Copasa ofertó para ganar el concurso, es de 2,58 millones de euros. En su desglose: movimientos de tierra, estructuras, servicios afectados y otras cuestiones. Copasa indica, sin embargo, que no aceptó este proyecto complementario, porque, a su entender, dejaba fuera otras unidades de obra e incrementos de costes "especialmente relevantes". Destaca dos: el uso del trépano y la valoración de los trabajos nocturnos que cumplir plazos.
►23 de diciembre de 2014. La UTE presentó ante la Autoridad Portuaria una solicitud de prórroga en el plazo. Tal como se habían desarrollado los trabajos, de gran complejidad, calculaba que iba a finalizar en agosto de 2015 (las elecciones eran en mayo). Este escrito remite a una reunión mantenida el 14 de julio de 2014, en la que rechazaron soluciones alternativas y concluyeron que, para llegar a tiempo, habría que ampliar el horario y faenar durante las 24 horas. Copasa justifica que en su oferta técnica habían alertado de que los resultados de los trabajos nocturnos son "inferiores a los de un turno diario estándar", por lo que no era "posible compensar los notables retrasos derivados de las circunstancias acaecidas". Por eso solicitaron la prórroga. Las incidencias que habían alargado el plazo: trabajos de intervención arqueológica, características del subsuelo no previstas en el proyecto y necesidad de "realce" del muelle de la Dársena.
►15 de enero de 2015. A tres días de expirar el primer plazo, el Puerto resuelve conceder una prórroga "solo" hasta el 30 de abril de 2015, matiza la constructora, que asegura que durante toda la ejecución de la obra el Concello y el Puerto le advirtieron "constantemente" de que las elecciones constituían "un hito relevante en la ejecución del contrato".
►9 de febrero de 2015. Entendiendo que esta prórroga era insuficiente, el 9 de febrero de 2015 Copasa y Civis Global presentaron un escrito de respuesta a la decisión del Puerto de prolongar solo hasta abril. Este escrito es hoy una de las bases de su reclamación. En él se adjuntaba un informe técnico detallado en el que se analizaba la repercusión y alcance de todas las incidencias acaecidas durante la ejecución y sus consecuencias temporales y económicas, dice la UTE, que apostaba por agosto de 2015 como previsible final. Además de demandar ese nuevo plazo, se pedía "de manera expresa" que el Puerto adoptase acuerdos para "ajustar el proyecto de ejecución y el programa de trabajo a la realidad actual de la obra", respondiendo al "incremento de los costes económicos".
►24 de febrero de 2015. La Autoridad Portuaria, "como ejemplo del precipitado interés por mantener a toda costa la fecha establecida conjuntamente con el Ayuntamiento", mantienen una reunión en la que, con el objetivo de poder tener algún tramo abierto (superficie del teatro Rosalía) proponen una serie de soluciones técnicas no incluídas en los trabajos -que seguían en turnos de 24 horas- como el empleo de estructuras prefabricadas. A la UTE le sorprende el "cambio radical" de criterio del Puerto, cuando un año antes había rechazado una solución similar propuesta por ellos.
►Abril de 2015. La Autoridad Portuaria traslada a la contratista que quiere llevar una "modificación contractual", en la que se recogen diversos trabajos que se consideran necesarias para el remate "correcto" del proyecto. La UTE reprocha en su reclamación que en estas nuevas necesidades no se incluyan todos los cambios que tuvo que hacer y que solicitó "regularizar" en febrero anterior. Es por eso que días más tarde (28 de abril), la adjudicataria de los trabajos indica que, aunque acepta esta modificación contractual, no renuncia a sus reclamaciones de febrero. Una vez más, transcurrido este tiempo, la UTE solicita otros tres meses de prórroga, alargando los tiempos hasta el 4 de noviembre de 2015.
►29 de abril de 2015. El 29 de abril, el Consejo del Puerto acuerda modificar el contrato, reconociendo 811.702,02 euros más, financiado por el Concello según el convenio firmado por ambas partes. Admite imprevistos geológicos y algún error en instalaciones, balizamiento y señalización, algo que a la constructora no le parece que se corresponda con el incremento real de los costes. No prevén alargar plazos. En el cambio contractual queda fijado que el Ayuntamiento solicita "la apertura parcial". "No podemos pasar por alto el hecho de que este acuerdo fue adoptado un mes antes de la celebración de las elecciones municipales", subraya la UTE. Las partes firman el 8 de mayo. La prórroga queda fijada en agosto (aunque después se retrasaría otro mes). Desestiman de nuevo las alegaciones de febrero, basándose en un informe del director de obra. Este considera que, según el contrato, los imprevistos son asumidos "a riesgo y ventura" por el contratista. Es el punto de partida de la reclamación millonaria.
►20 de agosto de 2015. Tras el apretón de fin de mandato, Copasa y Civis Global presentan su reclamación administrativa, "previa a la vía jurisdiccional civil", en agosto de 2015, una cuestión que no se ha hecho pública hasta el último Consejo del Puerto, en el que se ha rechazado la petición de la UTE. La exigencia es de un total de 8,75 millones adicionales, un 80% más del coste por el que ganó el concurso (10,88 millones), algo que parece que decidirán los tribunales.
