Difícil convivencia con la oposición

►Nuevos impuestos municipales. El Gobierno local y el PSOE pactaron un nuevo sistema de impuestos que incorporó ciertos elementos de progresividad. La tasa del agua se redujo para pequeños consumidores y familias con pocos recursos, para los que también se incluyeron nuevos descuentos en el caso del abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se aumentaron, eso sí, los impuestos a grandes consumidores de agua y a propietarios de vehículos motorizados con más caballos fiscales. También se aumento del 0,6% al 1,3% el IBI a las actividades del Puerto, a excepción de las relacionadas con la pesca.

EParticipación vecinal. Uno de los primeros gestos tras tomar posesión fue habilitar el Escaño Ciudadano, un turno al final de cada pleno ordinario en el que los vecinos interpelan al alcalde y sus concejales. La medida fue presentada como un simbólico cambio de formas por parte de un Ejecutivo que prometió acercar el ciudadano a la instituciones. Además de las retransmisiones en directo de los plenos, en enero también llegaría otra medida "estrella": el Dillo Ti. La iniciativa reúne una vez al mes en un centro cívico a los miembros del Gobierno, en un acto abierto a los vecinos. En él, los ediles explican sus planes para el barrio y se enfrentan a un bombardeo de preguntas de los ciudadanos. Después de varias sesiones con un elevado número de asistentes, la oposición lo ha criticado, acusando al alcalde de usar los encuentros para realizar "mítines". El Ejecutivo también puso en marcha el proceso de encuentros A Porta Aberta, del que pretende que salga un nuevo mapa de distritos en torno al que pivoten los espacios de participación ciudadana, pero que todavía no ha finalizado. El Gobierno, sin embargo, no ha iniciado la reforma del reglamento orgánico de participación ciudadana, que era uno de sus objetivos en este área.

►Renegociación de grandes inversiones con Estado y Xunta. Uno de los grandes frentes que ha concentrado los esfuerzos del Ejecutivo ha sido la renegociación de los grandes proyectos de infraestructuras en los que participaban otras administraciones. El primero fue la ampliación de Alfonso Molina, todavía sin cerrar, pero que el Gobierno ya logró modificar sustancialmente con respecto al proyecto del anterior Ejecutivo, en el que se proponía ampliar un carril por sentido en la mayor parte del tramo. El Gobierno local se oponía a este diseño al entender que el vial debe convertirse en una avenida "más humanizada" por lo que inició las negociaciones con los técnicos del Ministerio. El último fruto de las conversaciones llegó en abril, con una propuesta que satisface en gran medida las aspiraciones del Concello. El equipo de Ferreiro cedió a la pretensión de Fomento de ampliar carriles entre el enlace con la autopista y el desvío a Pocomaco, mientras que el Ministerio aceptó mantener tres vías por sentido en el resto del tramo.

Otro punto de fricción fue el futuro de los muelles del puerto. Los terrenos, de acuerdo con un convenio firmado por el Gobierno local en 2004, deberían venderse para la construcción de viviendas y zonas comerciales, financiando con el dinero de esta transacción parcialmente el puerto exterior. El actual Concello se opone, contra el criterio de la Autoridad Portuaria, y reclama que las obras de Langosteira se costeen con cargo a fondos del Estado. Hasta el momento, el Gobierno local ha conseguido reactivar la comisión de seguimiento de estos convenios para negociar ahí con Puertos del Estado cómo convertir los solares en espacios públicos de uso dotacional.

También engrosa esta lista la construcción de la estación intermodal de San Cristóbal, en la que además del Concello participan la Xunta y Adif. Después de años de escasos avances, el plan se reactivó este año, cuando la Xunta solicitó y obtuvo una ayuda europea para gastar antes de 2020 en varias terminales. El Gobierno autonómico, el coruñés y el central negocian cómo se desarrollará el proyecto y quién pagará qué. El enfrentamiento está ahora entre Xunta y Concello, que cree que la inversión que se le exige es desproporcionada respecto al resto.

►Renta Social Municipal. Fue una de las grandes promesas de Marea y desde el Gobierno aseguran que está a punto de hacerse realidad. La Concejalía de Xustiza Social e Coidados ya tiene elaborada la ordenanza que regirá su funcionamiento y solo está a la espera de que la Xunta publique un decreto que permita dar este tipo de subvenciones a los ayuntamientos. La ayuda se concederá a personas en situación de exclusión social que no tienen acceso a la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga). Según el borrador, la cantidad a percibir por los beneficiarios será de 532,51 euros mensuales, que se incrementarían en un 20% por cada miembro de la unidad familiar. En caso de tener alguna renta personal, esos ingresos se descontarían a la ayuda. El subsidio deberá justificarse periódicamente y podrá concederse durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18.

►Presupuestos 2016. La elaboración del presupuesto del nuevo año ha supuesto uno de los grandes escollos del Gobierno hasta el momento. A día de hoy, las cuentas todavía no se han aprobado de forma definitiva, si bien el Ejecutivo espera sacarlas adelante en el pleno extraordinario de mañana. El presupuesto ascenderá finalmente a 244,5 millones de euros, casi ocho menos que en 2015. Pese a que fue sensiblemente enmendado por PP y PSOE, el Gobierno alcanzó un acuerdo final con ambas organizaciones después de presentar las alegaciones y aprobará un documento consensuado. El Ejecutivo defiende que, pese a no responder 100% a su voluntad, el nuevo documento permitirá desarrollar las políticas sociales prometidas.

►Memoria Histórica. La retirada de referencias a personajes que apoyaron el golpe militar de 1936 en el callejero fue una prioridad del equipo de Ferreiro. En abril, se finalizó un proceso de sustitución de calles que comenzó por la plaza de Millán Astray -ahora de As Atochas- y acabó con la calle División Azul -ahora calle Antón Villar Ponte-. La Marea cumplió así los acuerdos municipales aprobados en 2008 por el Gobierno de PSOE y BNG, que no había sido capaz de retirar el grueso del legado franquista.

►Relación con la oposición. El mandato arrancó con el PSOE como socio preferente del Gobierno pero las relaciones entre ambos dejan que desear. Si bien el Ejecutivo se apoyó en los socialistas para aprobar los impuestos municipales para 2016, el acuerdo de organización municipal y, previsiblemente mañana, los nuevos presupuestos, los acuerdos alcanzados llegaron siempre después de prolongados periodos de tensión y cruces de acusaciones a través de los medios de comunicación. El momento más tenso llegó en la aprobación inicial del presupuesto, donde Marea no logró sellar un acuerdo de enmiendas con el resto de partidos y acusó a PSOE y PP de haber hecho "pinza" contra el Gobierno local. Más fluida fue la relación con el BNG, por ejemplo, en la negociación del presupuesto, mientras que con el PP se han mantenido las posturas más divergentes. La oposición, sin embargo, tiene este mandato más presencia y poder que nunca en los organismos municipales. El Gobierno pactó con ellos un acuerdo de organización que les permite estar presentes en las Juntas de Gobierno y que garantiza un reparto proporcional de las presidencias de las comisiones, de los puestos de representación en organismos colegiados y de las retribuciones de concejales y asesores de los grupos parlamentarios.

►Mantenimiento de la ORA en manos privadas. Durante la campaña había prometido estudiar la remunicipalización del servicio de la ORA "siempre que fuera posible". Una vez en el Gobierno, la Marea adjudicó el servicio a Setex Aparki ya que no hacerlo podría suponer "un riesgo económico grave" para el Ayuntamiento por la fase en que el PP había dejado la licitación, según los informes de la asesoría jurídica. Esta empresa había sido la ganadora del concurso convocado en el anterior mandato.

►Nueva relación Concello-Iglesia. Amparándose en la aconfesionalidad que predica la Constitución, el Concello ha dejado de colaborar económica y simbólicamente con actos religiosos como la Semana Santa, la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento o la Función del Voto. Ningún miembro del Gobierno asiste ya a estas celebraciones como representante del Concello ni se ponen a disposición de las procesiones servicios que antes se cedían de forma gratuita, como la Banda Municipal de Música o la escolta de las imágenes religiosas por parte de agentes de la Policía Local. Mantiene el convenio de colaboración con Cáritas, que recibirá 200.000 euros este ejercicio, y declaró festivo el Día del Rosario este año.

►Saneamiento de la ría de O Burgo. Desde su llegada a María Pita, la Concejalía de Medio Ambiente centró gran parte de sus esfuerzos en reducir los vertidos contaminantes. Hasta diciembre, ya se habían eliminado seis de los 20 existentes al tomar posesión. Los planes del Concello son eliminar otros nueve focos al finalizar 2016, para lo que consideran necesario un desembolso de tres millones de euros.

►Apertura de Marina y O Parrote. El Gobierno de Xulio Ferreiro tuvo que lidiar con la apertura de la Marina y del túnel de O Parrote. El Gobierno tardó en recepcionar, más de lo que el Puerto proponía, las obras de la Marina y del subterráneo de O Parrote, al entender que los trabajos no se habían ejecutado correctamente y que existían defectos, como filtraciones de agua. Los viales bajo tierra no se abrieron completamente hasta el 31 de marzo.