El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 ha desestimado el recurso que había interpuesto la Asociación de Vecinos La Marina Zona Centro contra la Diputación por obligarle a devolver una subvención de 1.497 euros concedida para un taller de marionetas. La Administración provincial impuso, además, una multa de casi 3.000 euros a la asociación vecinal.
La sentencia explica que la entidad solicitó una subvención para la realización de la segunda edición del Obradoiro de monicreques para nais e pais que la Diputación aprobó el 22 de octubre de 2010 y por la que pagó el 23 de febrero de 2011, casi 1.500 euros.
La Diputación, a partir de la operación Zeta -que investiga el supuesto fraude en cursos de formación para obtener ayudas públicas-, inició una auditoría de todas las subvenciones que había concedido a las entidades que aparecen en el sumario. El presidente de la entidad, Juan Sáenz-Chas, aseguró, el 4 de diciembre de 2014, que no disponía de ninguna documentación de las subvenciones recibidas. Tampoco la consiguió la auditora a través del banco, que había cancelado la cuenta por falta de movimientos, ni tampoco a través de la empresa Informaziona, vinculada a la concesión de esta subvención, y a la que Correos no pudo entregar el requerimiento, según consta en la sentencia.
El lugar de realización del taller de marionetas coincide con el domicilio particular del presidente de la entidad, por lo que el perito encargado de fiscalizar las ayudas concedidas entiende que no es un "local de pública concurrencia". El fallo del juzgado considera que la decisión de la Diputación se ajusta a derecho, ya que considera que si bien "el salón de una casa" es un lugar de reunión, "hace difícil suponer" que se hubiesen mantenido talleres para "catorce o quince personas". Sobre estas actividades, según consta en la sentencia, "ningún testigo aportó" documentación que justificase los gastos que propiciaron la concesión de la subvención. Es por ello por lo que considera que la factura aportada es "poco creíble".
Es por ello por lo que el magistrado considera que el recurso interpuesto por la asociación de vecinos contra la Diputación no debe prosperar y, además, impone a la entidad vecinal las costas procesales con un límite de 400 euros.
Juan Sáenz-Chas reconoció ante los agentes que indagaron la operación Zeta, que había recibido dinero del empresario y, entonces también presidente de la asociación vecinal del Ensanche, Gerardo Crespo, que fue señalado por los investigadores como uno de los cabecillas de la presunta trama. Ambos dirigieron la Federación Vecinal Salvador de Madariaga, ahora sin actividad pública.
