Hace ahora diez años que la inmobiliaria lucense Cinur adquirió el edificio número 132 de la avenida de Oza, una construcción de estilo modernista protegida por el plan general y que ya entonces se encontraba en mal estado de conservación, lo que generó un conflicto entre la empresa y la inquilina del bajo comercial, que acusaba a la primera de buscar el deterioro total del inmueble para facilitar su derribo. Una década después, la compañía ha adoptado las medidas exigidas por el Concello para garantizar la seguridad del edificio, al tiempo que se encuentra a la espera de que se le autorice el proyecto de rehabilitación que pretende acometer.

La trayectoria de este inmueble, levantado en 1925, ha sido azarosa en los últimos años, en los que al decidir Cinur realizar una promoción de viviendas en el solar contiguo, se temió que acabase desapareciendo. La empresa aseguró que pretendía conservar esta construcción al considerarla un activo interesante, pero lo cierto es que durante años no realizó las obras necesarias para evitar su degradación.

Los daños apreciados por los técnicos municipales llevaron en 2012 a la declaración del inmueble en ruinas, aunque el Ayuntamiento aclaró que eso no suponía su inminente demolición, mientras que Cinur interpretó la decisión como una garantía para evitar daños a ocupantes o peatones. Desde entonces, las plantas altas de la fachada están cubiertas por una red para evitar caídas de cascotes.

Ese mismo año un juzgado de Lugo declaró el concurso voluntario de acreedores de Cinur, que prosigue en esta situación, lo que no impidió que en julio de 2015 presentara un proyecto de rehabilitación del edificio, aunque fue rechazado el pasado mes de marzo al apreciar que era necesaria más documentación, que se le requirió en el plazo de diez días. La empresa solicitó a principios de este mes un periodo más amplio ante la complejidad de los datos exigidos y argumentó que tenía un gran interés en disponer de la licencia, por lo que el Concello está en este momento a la espera de recibir los documentos que permitirían concederle el permiso para restaurar el inmueble.

Pero en noviembre de 2015 el Gobierno local había exigido ya a la propietaria que solicitase una licencia de rehabilitación para llevar a cabo obras que impidiesen la entrada de agua al interior, el cierre de los huecos de la fachada y la estabilización de la estructura de la buhardilla. Un mes más tarde Cinur aportó un certificado firmado por un arquitecto que acreditaba haber efectuado esos trabajos, lo que fue comprobado a su vez por el arquitecto municipal, que según el Concello verifica de forma periódica el estado de esta construcción. El informe emitido por este técnico el pasado 16 de marzo considera cumplida las órdenes dadas para garantizar la seguridad del inmueble, que además deben mantenerse mientras no se rehabilita por completo.