El Concello da un plazo de tres meses a la empresa que gestiona las instalaciones de La Solana, Metropolitan Spain, para que presente un proyecto de legalización de sus obras o para que los trabajos realizados se ajusten a la licencia que el Gobierno local le concedió el 31 de octubre de 2013. Continúa en vigor la orden de suspensión de las obras, que el Concello emitió el 16 de diciembre de 2015, por entender que no se ajustaban los trabajos que se estaban realizando al proyecto por el que se había solicitado y aprobado la licencia y por carecer de la "autorización preceptiva" de la Consellería de Cultura.

El 15 de enero de 2016, Metropolitan Spain presentó alegaciones contra la decisión del Concello. Argumentó entonces que los cambios introducidos no suponen una "modificación sustancial" del proyecto y que el aspecto exterior del edificio así como su relación con el entorno es el mismo que para el que recibió permiso de obra. Es por ello por lo que, sin éxito, solicitó que se le permitiese continuar con los trabajos que estaba realizando.

La inspección que los técnicos municipales efectuaron en las instalaciones deportivas -a raíz de que un vecino solicitase su intervención porque creía que el edificio era más alto de lo que permitía el proyecto- revelaron que la construcción en las antiguas pistas de pádel era diferente a la que constaba en el proyecto. Estas dependencias se iban a destinar a salas de fitness y tenían prevista su inauguración en marzo, aunque la empresa dice en sus alegaciones que "optó por no eliminar la primera pista de pádel", por lo que la sala de fitness se quedó más pequeña de lo que preveía el proyecto. En cuanto a los pórticos, los técnicos municipales explican que se modificaron los materiales y también la estructura, por lo que variaba, también, el volumen del edificio.

En enero, la gestora de las instalaciones deportivas solicitó al Concello que, por seguridad, le dejase acabar las obras. El Ayuntamiento le advierte ahora de que, si en tres meses no presenta el proyecto de legalización, ordenará la demolición del inmueble y también de que le podrá multar si vulnera la suspensión de las obras con sanciones de 1.000 a 10.000 euros. Contra esta decisión cabe recurso judicial.