El Concello no pone fecha para hacer entrega a los cooperativistas del parque ofimático de las licencias de primera ocupación de sus viviendas. El motivo alegado: la sentencia de finales del año pasado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el contrato de urbanización adjudicado a Acciona por el Gobierno local de PSOE y BNG en las semanas previas a las elecciones municipales de 2011.

El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró ayer que el Ejecutivo tiene "las manos atadas" a raíz de este fallo, contra el que no cabe recurso, y que obliga al Concello a volver a sacar a concurso la zona del parque que queda por urbanizar. "Estamos intentando dar cumplimiento a la sentencia y hacerlo de forma que se garanticen las actuaciones más prioritarias, como dar servicios básicos a las viviendas que están en construcción", señaló.

Los cooperativistas, que se reunirán hoy con el Gobierno local, reclaman al Concello que les conceda la licencia de ocupación ya que en algunos casos, como el de la cooperativa de A Carnocha, el edificio está ya "listo", a falta de unos retoques. Según su portavoz, Luciano Ron, en esta promoción están involucradas 25 familias "con recursos muy humildes" que reclaman al Gobierno local poder entrar a vivir ya en sus nuevas casas en dos o tres meses. De lo contrario, los propietarios de las viviendas se encontrarían "con graves problemas económicos". Y es que, según explica Ron, desde que se finaliza la obra hasta que los propietarios consiguen la licencia de primera ocupación, tienen que hacer frente a "entre 6.000 y 8.000 euros mensuales de intereses del préstamo de promoción", ya que el crédito no cambia de condiciones y pasa a ser hipotecario hasta que los dueños tienen permiso para habitar los inmuebles.

"La situación es complicada y los cooperativistas lo saben. También hay unos demandantes [los promotores] que vigilan ese cumplimiento y tenemos que actuar con responsabilidad para todas las partes", recalcaba Ferreiro. Hace dos semanas, el Concello mantuvo una reunión con los promotores privados y la Xunta -que es propietaria de un 80% del suelo- para ver "cómo se cumple la sentencia" y se abre la "nueva contratación", según explica el portavoz de la asociación Ofimático 2010, Juan José Yáñez. El objetivo es "agilizar al máximo" el proceso, aunque asegura que es complejo, ya que hay que definir cómo liquidar el contrato con Acciona, de 42 millones de euros.

Los cooperativistas solicitarán al Concello que busque la fórmula legal más rápida para concluir el proceso. Una de las opciones que plantean, y que según Ron les llegó a proponer el Concello, es hacer, a través de un trámite de urgencia, una "pequeña obra" para darles los servicios de "luz, agua, alcantarillado y también de acceso" de forma que los propietarios puedan acceder a la licencia de primera ocupación. Ron calcula que, esos trabajos, podrían desarrollarse en dos o tres meses y pone sobre la mesa también la posibilidad de que la licencia sea provisional, pero permitiéndoles trasladarse.

Una vez que los propietarios reciban la obra tendrán que solicitar el certificado de fin de obra, un documento que no les entregarán hasta que tengan acceso a servicios básicos, como la luz, el agua o el saneamiento, que son responsabilidad del Concello. Además de A Carnocha, otra cooperativa de 75 viviendas se encuentra en una situación similar, careciendo también de los servicios que le darían acceso a la licencia de primera ocupación.