Acciona, la empresa a la que el Gobierno local de PSOE y BNG encargó en 2011 urbanizar el ofimático por 42 millones emprende un camino que desemboca en los juzgados. Después de que el Superior anulase la adjudicación, denunciada por los promotores con suelo en el sector, el Concello tuvo que liquidar el contrato y detener la obra para resolver el entuerto. La Junta de Gobierno aprueba hoy desestimar el recurso de Acciona contra la resolución de abril que iniciaba la liquidación y paralizaba de forma "inmediata y definitiva" los trabajos.

Al mismo tiempo, Concello, Xunta y promotores intentaban ayer alcanzar un acuerdo para poder modificar el plan y reanudar los trabajos lo antes posible y, como mayor urgencia, hacer las obras necesarias para que las cooperativas puedan tener licencias de ocupación. Las partes ven la solución más cerca y los promotores se muestran "moderadamente satisfechos" con "el esfuerzo" que están haciendo "todas las partes". Habrá una nueva cita la próxima semana.

"El Concello está trabajando duramente en agilizar al máximo", señalaba el portavoz de los promotores con intereses en el sector, Juan José Yáñez. La solución pasa por abordar los trabajos por partes. La primera, de menor entidad, permitiría hacer las redes necesarias para que los cooperativistas, a meses de rematar sus edificios, puedan acceder a los permisos. Están ahora tratando cuestiones técnicas y jurídicas como qué es lo que se debe dividir: si la nueva redacción del proyecto, si la obra o si la recepción de los trabajos. "Nadie quiere volver a meter la pata y sí que tenga seguridad jurídica", comenta Yáñez, que se reunió también después con los cooperativistas. Estos mantendrán también un encuentro con el Instituto de Vivenda, propietario de buena parte del suelo del polígono.

El PP envió ayer una nota solicitando que el Ejecutivo finalice "cuando antes las obras necesarias" para que las cooperativas puedan ocupar sus viviendas. Se reunieron con ellos la portavoz, Rosa Gallego, y el ex edil de Urbanismo, Martín Fernández Prado. El exconcejal tendrá que declarar este mes como testigo en la denuncia de una cooperativa privada contra el Concello por los retrasos en la urbanización.