"Es uno de los mejores días de nuestro mandato", proclamó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, tras anunciar que la Junta de Gobierno Local aprobará el próximo lunes la ordenanza de la renta social municipal, una de las principales medidas del programa electoral con el Marea Atlántica compareció en los comicios de mayo del año pasado y que pretende que entre en vigor durante el mes de julio.

El cambio legislativo puesto en marcha por la Xunta, que autoriza a los ayuntamientos a conceder prestaciones directas en materia de servicios sociales, permitirá finalmente al Gobierno local poner en marcha la renta social con este carácter y no con el de subvención, que dificultaría de forma notable su tramitación, ya que los perceptores estarían obligados a justificar con documentos los gastos para los que solicitaban la ayuda.

Ferreiro explicó que el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, le garantizó el pasado jueves que el Diario Oficial de Galicia publicará el próximo miércoles el decreto sobre la cartera de servicios sociales de la Xunta que permitirá que esta ayuda municipal sea una prestación directa. "Traemos la renta social porque la Risga [Renta de Integración Social de Galicia] no funciona", afirmó el alcalde, quien destacó que la mitad de las solicitudes para esa prestación autonómica son rechazadas, por lo que se mostró partidario de "reformularla".

La concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán, explicó que con el anterior modelo de ordenanza, en el que la renta social se configuraba como una subvención, los receptores debían aportar recibos de todos los servicios cuyo importe pretenden abonar y que, en caso de no disponer de alguno, no podrían recibir la cantidad para efectuar el pago. "Ahora no será necesario, solo habrá que cumplir los requisitos establecidos para la prestación, señaló.

Xulio Ferreiro aseguró que las personas que lo están pasando mal económicamente "no pueden esperar", al tiempo que expresó su deseo de que la ordenanza sea aprobada el día 13 en el pleno del Concello por unanimidad para que entre en vigor el próximo mes de julio.

"Hubo mucha gente trabajando duro en este proyecto", destacó el alcalde en referencia a los técnicos municipales, grupos de la oposición y representantes de entidades sociales que trabajan en este campo. Estos últimos fueron informados el jueves sobre los cambios introducidos en la ordenanza y, según Ferreiro, están "muy satisfechos" con el resultado final.

Sobre la posibilidad de que el Partido Popular vote a favor tras las conversaciones mantenidas con el conselleiro, manifestó su esperanza en que así sea. "Sería una pena que no hubiese unanimidad en el pleno", declaró sobre la sesión que se celebrará el día 13. Pero el grupo municipal del PP ya advirtió ayer de que desconoce el texto definitivo de la ordenanza, así como los informes emitidos por la asesoría jurídica y el interventor del Ayuntamiento, que considera imprescindibles para decidir su voto.

Los populares consideran además que Marea Atlántica presentó esta propuesta "sabiendo que no la podía cumplir" porque la legislación no permitía conceder prestaciones a los ayuntamiento y que solo la iniciativa de la Xunta lo ha hecho posible ahora.

Pese a que ya disponen del texto definitivo de la ordenanza, los socialistas tampoco se pronuncian sobre su voto porque desean examinarlo a fondo. La concejal Silvia Longueira desea comprobar si se prevé la creación de un equipo específico para trabajar la inclusión social, ya que considera que la ordenanza "no tiene sentido" si no se realiza esa labor para dar apoyo a personas en riesgo de exclusión.

Longueira contactará además con las entidades sociales para conocer su opinión sobre los cambios introducidos, ya que estima que han sido las que han trabajado en este campo en los últimos años "porque el PP ha externalizado la pobreza y son quienes conocen a día de hoy la realidad de la ciudad". La edil socialista advierte además que en el Concello se necesita un "canal de comunicación" continuo con los departamentos de Emprego e Igualdade para trabajar de forma conjunta en itinerarios de inclusión.

El BNG también declinó ayer avanzar cuál será el sentido de su voto en el pleno porque desconoce las modificaciones realizadas en la ordenanza por el Gobierno local.