Alrededor de un millar de personas, según los cálculos del Gobierno local, podrán beneficiarse de esta medida, que proporcionará unos ingresos mensuales de 500 euros a personas en riesgo de exclusión, que podrán sumar un 20% más en función por cada miembro de la unidad familiar hasta alcanzar un máximo de mil euros. Los presupuestos municipales disponen de 2,1 millones de euros para poner en marcha la renta social este año.
La concejal Silvia Cameán señaló que el paso de subvención a prestación agilizará de forma notable la concesión de estas ayudas, ya que no será necesario justificar los gastos para los que se solicita. La renta social está destinada a personas mayores de edad, empadronadas durante al menos seis meses en el municipio y que no reciban la Risga.
La prestación se concederá por 6 meses y podrá prorrogarse hasta los 18, aunque será posible superar este plazo de acuerdo con los informes de los técnicos de servicios sociales, que efectuarán un seguimiento continuo del proceso de inserción social y laboral de los beneficiarios. La percepción de la ayuda estará condicionada a la participación en estas iniciativas, para lo que el Gobierno local prevé el incremento del personal de servicios sociales.
