Ayudar económicamente a los vecinos a los que se les denegó la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) pero que, previo análisis de los técnicos municipales, se encuentran en situación o riesgo de exclusión social es uno de los principales objetivos de la renta social que el Gobierno local prevé poner en marcha en las próximas semanas. Así lo recoge el informe técnico-económico que acompaña al proyecto y que apunta a este colectivo como uno de los potenciales beneficiarios de la prestación.

"Traemos esta renta municipal porque la Risga no funciona", sentenciaba el alcalde, Xulio Ferreiro, este viernes en la presentación de la iniciativa, que hoy será aprobada en Junta de Gobierno Local, paso previo imprescindible para poder llevarse al pleno municipal. Los datos más recientes que maneja el Concello sobre denegaciones de la Risga en A Coruña se remontan a 2014. Entonces, de 783 solicitudes realizadas, un total de 393 fueron rechazadas o archivadas. A nivel autonómico el índice de denegaciones aquel ejercicio había ascendido al 50,14%. Para 2015, el informe asegura que había en la ciudad 1.140 Risga activas, si bien no hay datos del número de denegaciones.

El informe también señala como potenciales receptores los vecinos que venían recibiendo las ayudas de emergencia social municipal, con las que se costeaban gastos básicos concretos, como el pago de la vivienda, la compra de libros para los niños, gastos sanitarios y otras necesidades básicas. En 2014, recibieron estas ayudas un total de 1.337 vecinos, un 50% con más de una ayuda, lo que absorbió un total de 756.556 euros. También entran en esta categoría de potenciales receptoras de la renta social aquellas familias que, contando con alguna ayuda, no dispongan de "recursos económicos suficientes". ¿A cuánto asciende esta cantidad? A 532,51 euros mensuales, en los casos de familias con un solo miembro, a los que se les sumaría un 20% por cada integrante de la familia, hasta un máximo de 1.065,02 euros. El Gobierno local destina 2,1 millones de euros hasta final de año para la renta social.

El proyecto prevé que la prestación se otorgue por seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18. Al tratarse de prestación y no de subvención, los beneficiarios no tendrán que justificar los gastos -como ocurre con la Risga o el paro-, si bien sí deberán participar en itinerarios de formación para salir de su situación de exclusión social. También deberán cumplir otros requisitos como no permitir que ningún miembro de la familia mendigue o estar inscrito como demandante activo de empleo.