Las ayudas de emergencia social se mantendrán con la nueva renta municipal

El Ejecutivo local sí prevé realizar algún cambio en la ordenanza que regula estas ayudas de emergencia ya que estima que, con la puesta en marcha de la renta social, su demanda caiga. "Puede haber gente que normalmente no necesite la renta social pero sí una ayuda de emergencia social para un momento puntual de una complicación", aseveró Ferreiro.

Según los datos que maneja el Concello, en 2014 un total de 1.337 personas se beneficiaron de algún tipo de ayuda de emergencia social. De todos ellos, la mitad recibió más de una ayuda. Estos subsidios se dedicaron a cubrir gastos concretos a los que las familias no pudieron hacer frente de forma puntual, como el alquiler de la casa, la factura de la luz, el agua o la compra de comida.

El informe técnico elaborado para la renta social municipal señala como potenciales beneficiarios de la prestación a todos los usuarios de las ayudas de emergencia. Otro grupo de posibles receptores son todos aquellos vecinos que solicitan la Risga pero obtienen un "no" por respuesta. El Concello asume que la actual ayuda autonómica "no funciona" y se basan en que en torno a un 50% de las solicitudes de la comunidad fueron denegadas o archivadas. Precisamente, asistir a aquellos ciudadanos que no acceden a la Risga pero que, a ojo de los técnicos municipales, están en situación o riesgo de exclusión social es uno de los principales objetivos de la renta social del Gobierno.

El proyecto prevé que la prestación se otorgue por seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18. Al tratarse de prestación y no de subvención, los beneficiarios no tendrán que justificar los gastos -como ocurre con la Risga o el paro-, si bien sí deberán participar en itinerarios de inserción para salir de su situación de exclusión social. También deberán cumplir otros requisitos como no practicar la mendicidad ni permitir que lo haga ningún miembro de la familia o estar inscrito en los servicios públicos de colocación como demandante activo de empleo.

La cantidad a percibir por los beneficiarios será del 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año es de 532,51 euros mensuales, a los que se le incrementará un 20% por cada miembro que componga la unidad familiar solicitante. A estas cantidades se le descontarán los ingresos por pensiones no contributivas u otras prestaciones que se reciban.

La Xunta, según le indicó al Concello la pasada semana, tiene previsto publicar mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el decreto sobre la cartera de servicios sociales del Gobierno gallego que permitirá que esta ayuda municipal sea una prestación directa. Sin este decreto, el Concello solo tendría competencia para ofrecer subvenciones, que se distinguen de las prestaciones en que sí requieren una justificación de los gastos que se realizan con el dinero concedido. ¿Y por qué prefiere el Concello que los beneficiarios no tengan que dar cuenta de los gastos? En primer lugar, porque entiende que sería un trámite latoso para los receptores de la ayuda y, en segundo, porque supondría una carga administrativa mucho mayor para el Gobierno municipal.

Nuevas contrataciones

Ferreiro también señaló que los once trabajadores que en el informe técnico de la renta social se señalan como "mínimo necesario" para mantener el programa serán nuevas contrataciones del Concello, aunque también señaló que el personal habitual de Servicios Sociales del Concello también "seguirá colaborando". "Hay un programa de personal en los presupuestos para contratación de personal específico. Habrá personal para tramitar la renta social y para hacer el acompañamiento social y de inserción que contempla la ordenanza", remarcó el alcalde.

Ferreiro también confió en que el día de la votación en el pleno haya "unanimidad" por parte del resto de partidos. "Hasta ahora las manifestaciones públicas realizadas por todo el mundo fueron favorables", aseguró.