Una pionera herramienta municipal contra la pobreza

Bienvenida a la renta contra la precariedad

Entidades sociales, sindicatos y vecinos que participaron en la elaboración de la renta social municipal elogian su fórmula como prestación directa, las rutas de inserción que incluye y la implicación de colectivos

13.06.2016 | 10:50
Usuarios de la Cocina Económica, en la puerta de la entidad benéfica.

Guía de la nueva renta social municipal

  • ¿Quién puede beneficiarse de esta renta social? Todos aquellos vecinos que los técnicos municipales consideren que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social y que, además, no reciban la Renta de Integración Social de Galicia (Risga), que ofrece el Gobierno gallego
  • ¿Es necesario estar empadronado? Sí, y hay que estarlo desde, al menos, seis meses antes de solicitar la prestación. Los inmigrantes de fuera de la UE deben acreditar residencia legal. Víctimas de violencia machista, emigrantes galleros retornados o refugiados estarán exentos de estos requisitos
  • ¿A partir de qué nivel económico ya no se concederán las ayudas? El máximo por familia se fija en el Iprem, que equivale a 532,51 euros mensuales. Este porcentaje se puede incrementar un 20% por cada miembro familiar pero nunca se dará ayuda si se superan los 1.065 euros al mes
  • ¿A qué cantidad ascenderá la prestación? Siguiendo el criterio de los límites económicos para no recibirla, el Concello concederá 532,51 euros mensuales por cada familia, incrementándose un 20% por cada miembro familiar. En ningún caso se superará la cifra de los 1.065 euros
  • ¿Y si, aún sin alcanzar el Iprem, se tienen unos pequeños ingresos? A la cantidad que le correspondería a la familia se le tendrían que descontar esos pequeños ingresos percibidos. La renta social será incompatible con las pensiones no contributivas y otras que las superen
  • ¿Qué documentación se necesita para solicitar la ayuda? En total, 16 documentos que van desde el DNI a la resolución denegatoria de la Risga o los justificantes de propiedades. Los refugiados o víctimas de violencia de género también deberán acreditar su situación excepcional
  • ¿Qué se entiende en la ordenanza por familia o "unidad de convivencia"? Se entiende a las personas que vivan solas o a las que convivan en el mismo domicilio y se encuentren vinculadas con la beneficiaria por matrimonio, adopción y consanguinidad o afinidad de cuarto y segundo grado
  • ¿Qué ocurre si un mismo domicilio es compartido por más de una familia? Si conviven dos familias y se valora la necesidad de acceder a viviendas independientes, se concederán un máximo de dos rentas con la condición de que en cuatro meses se acceda a una nueva vivienda
  • ¿Qué ocurre si en una misma familia varios miembros piden la prestación? Como norma general solo se dará una ayuda por unidad familiar. En caso de concurrencia, se otorgará a quien dictaminen los servicios sociales. Si su situación es igual, se dará de forma preferente a las mujeres
  • ¿Por cuánto tiempo se puede recibir la renta? Se concederá por un plazo de seis meses. Se podrá prorrogar hasta un máximo 18 de meses si las condiciones de exclusión se mantienen. El receptor podría volver a solicitarla si acredita que cumplió con los itinerarios y lo aprueban los técnicos
  • ¿Cuáles son las obligaciones de los beneficiarios? Todos deberán participar en unos itinerarios de integración diseñados por los técnicos para salir de la situación de exclusión. También deberán estar registrados como demandantes de empleo y no mendigar
  • ¿Existirá algún control sobre el uso que se le da al dinero? Al tratarse de una prestación, los beneficiarios no tendrán que justificar en qué gastan las ayudas. Sin embargo, entre las obligaciones del receptor, la ordenanza habla de "administras responsablemente" los recursos
  • ¿En cuánto tiempo debe dar el Concello respuesta a las solicitudes? El Gobierno deberá emitir un dictamen dos meses después de haber recibido la solicitud. En caso de que haya silencio administrativo y no se emita respuesta, se entenderá que la prestación ha sido denegada
  • ¿Qué motivos justifican la rescisión de la ayuda? Además de incumplir algún requisito, la muerte del beneficiario supondrá la anulación, al igual que el cambio de domicilio a otro municipio. Una mejora de los ingresos, de forma que sobrepasen los límites marcados, también será motivo de anulación
  • ¿Qué ocurre si se renuncia a la Risga para optar a la renta social? En ese caso, no se tendrá derecho a optar a la prestación municipal, ya que se entiende que la ausencia de la ayuda autonómica fue por una renuncia personal y no por una denegación de la administración
  • ¿Se podrán recibir ayudas de emergencia social junto a la renta? No, ya que se entiende que al recibir la renta, las necesidades que cubren estas ayudas estarán ya cubiertas. El Gobierno prevé modificar la ordenanza de las ayudas de emergencia y adaptarla a la nueva situación

La renta social municipal, uno de los planes más ambiciosos del Gobierno de Marea, entrará en vigor en julio si previsiblemente supera la aprobación en pleno. El Ejecutivo tendrá 2,1 millones de euros este año para prestar directamente a las familias y vecinos más necesitados sin que justifiquen los gastos, pero los incluirá en itinerarios participativos de inserción para salir de su situación de exclusión social. La medida, consensuada con colectivos sociales de la ciudad en reuniones desde septiembre, ha sido muy bien acogida por estas entidades, que aportaron ideas y expusieron las condiciones del entorno que atienden. Aplauden la concepción de la ayuda como una prestación directa y no una subvención y confían en que alivie la precariedad de sus receptores

Pocas veces una acción de un Gobierno local en A Coruña ha suscitado tantas reacciones positivas y creado esperanzas tan abiertas en las entidades sociales de la ciudad como la renta social municipal. Es el punto 37 entre las 99 medidas del programa electoral de Marea Atlántica, aunque ha sido concebido como uno de los prioritarios, sino el que más. Quizá es su proyecto más ambicioso, dotado con 2,1 millones de euros para que en lo que resta de año los vecinos que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social puedan recibir una prestación directa en materia de servicios sociales.

La renta social municipal viene a implantarse como un "complemento" de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) y de las ayudas de emergencia social del Concello para vecinos sin recursos. Se crea para llenar el vacío que no cubre la primera y para convivir con las segundas. Será llevada a pleno mañana para su aprobación inicial y el Gobierno local confía en que tras el periodo de exposición pública y las alegaciones pueda entrar en vigor ya en julio.

Los grupos de la oposición, que no han dicho qué votarán en la sesión plenaria, han evitado mostrarse críticos pero han expresado sus reservas. Las asociaciones de carácter social con relevancia en la ciudad, los sindicatos y las agrupaciones vecinales, que participaron en cuatro reuniones con el Gobierno de Marea desde septiembre pasado, aplauden la culminación del proceso. Ven la renta social como un "mecanismo acertado", una "medida muy positiva" que supone una ayuda directa a sus beneficiarios -entre ellos colectivos con difícil cobertura social, como los sin techo o los comunitarios sin residencia permanente-, que debería solicitarse y recibirse "sin trabas en la tramitación" y que se verá reforzada por un equipo de trabajadores para su gestión y seguimiento y acompañada de itinerarios de inserción para salir de la situación de exclusión social.

"Ha sido un feliz parto". La comparación no es del alcalde ni de la edil de Xustiza Social, con una sonrisa pletórica ambos el viernes 3 de junio, aprobado ya el presupuesto de 2016, al anunciar que la renta social iba a recibir luz verde en la siguiente Junta de Gobierno Local y definir el momento como "uno de los mejores días del mandato" de Marea. Comparar la aprobación de la ayuda como prestación directa con un alumbramiento "feliz" parte del director de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Vicente Iglesias Martelo. "Es un buen proyecto con una dotación importante que va a ser efectivo. Es muy favorable que el equipo de Gobierno se haya dejado aconsejar por las asociaciones", añade Iglesias. Cáritas atendió en 2015 a cerca de 1.000 familias con necesidades, unas 400 por primera vez.

Todas las entidades sociales consultadas por el Ejecutivo municipal defendían que la renta social no debía tratarse de una subvención como la Risga, sino de una ayuda directa, modalidad que ha permitido llevar a cabo la Consellería de Política Social a través de la publicación de un decreto esta semana. "La Risga exige requisitos de difícil cumplimiento por la situación irregular o el modo de cobro de algunos contratos de vivienda, por ejemplo, y la renta social plantea una ayuda realista y cercana para colectivos desprotegidos que supondrá un alivio para situaciones de precariedad extrema", considera Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica.

"La implantación de la renta social va a permitir que haya ayudas de emergencia libres para familias que esperan tiempo para recibir la Risga. Es muy positivo también que haya un equipo municipal propio dedicado a la renta social para tramitar las solicitudes y hacer un seguimiento de sus perceptores", cree por su parte Cibrán Vázquez, responsable del centro de formación de Cruz Roja.

Otra trabajadora social, Lorena López Vilar, de la Institución Benéfico Social Padre Rubinos, opina que la renta social "abre más puertas" y "reúne las condiciones para cumplir su fin sin generar deudas en los perceptores y sin pagar a proveedores"; celebra además que durante el proceso de elaboración de la ayuda las entidades sociales "participaran activamente".

Esa implicación la elogia también Maite Serra, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano. "Se buscaron mecanismos de ayuda y hubo voluntad por encontrar soluciones. Hacen falta aportaciones cuando la precariedad es mayor de lo que parece", apunta.

En Ecos do Sur, su directora, Susana Blanco, tilda la renta social de proyecto "encomiable". Destaca la relevancia de los itinerarios de inserción como complemento de la ayuda económica y confía en que reporten ventajas para "inmigrantes en situación irregular que se enfrentan a dificultades adicionales debido a su situación jurídica".

El Colegio Oficial de Traballo Social de Galicia, con sede en Santiago, intervino en los encuentros con el Concello. Elogia el proyecto pionero de la renta social prestada directamente y marca el plazo de un año para valorar la efectividad de sus resultados. "Este sistema supera las ayudas de emergencia, aunque estas se mantienen en la ordenanza, pero el hecho de tener continuidad en el tiempo permite traspasar las necesidades puntuales y oxigenar a las personas receptoras para que tengan un margen más amplio para su incorporación a un proyecto de vida", señala Víctor González.

Los secretarios comarcales de los tres sindicatos principales asistieron a las reuniones convocadas desde septiembre por la concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán. Querían acudir ellos directamente, señala Demetrio Vázquez, de CCOO, para quien la ayuda promovida por Marea es un "apoyo muy positivo para tratar de sacar a la gente de la pobreza", aunque recalca que una iniciativa económica como la renta social deberían ser impulsada por los Gobiernos gallego y estatal. José Carrillo, de UGT, augura que "muchas familias" van a ver compensadas sus necesidades y destaca la "agilización de trámites" en la solicitud de la ayuda directa y su "carácter más personal". Más contenido en la celebración y posponiendo la postura oficial del sindicato es Xabier Filgueira, responsable de CIG en A Coruña, quien antepone la prestación sobre la subvención pero lamenta que se desapr oveche la ocasión de "crear una renta social de más cobertura y universalizada".

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, su presidenta, Luisa Varela, espera ver resultados "pronto" y beneficios sociales y laborales para sus receptores.

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