"Prestación periódica destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, mediante un proyecto personalizado de inserción formado por un conjunto de acciones que mejoren la integración personal, familiar, social o laboral". Es la descripción que de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) hace la página web del Ayuntamiento. La concepción de esta ayuda difiere poco de la de la renta social municipal que mañana irá a pleno y podría entrar en vigor en julio. Pero la herramienta diseñada por el Gobierno de Marea aparece, según el alcalde, Xulio Ferreiro, y las entidades sociales que han colaborado en su creación, como una fórmula para "cubrir el vacío" de la Risga y atender a quienes solicitan esta ayuda y se les deniega. Porque en los dos últimos años ha caído en un 28% la cifra de peticionarios: fueron 965 en 2013 y 694 el año pasado, según datos facilitados por la Consellería de Política Social.

La Xunta ha aportado a este periódico la evolución de solicitudes y concesiones, pero no de denegaciones. El Concello maneja la cifra de 393 rechazos o archivos de 783 peticiones en 2014. La cima en las solicitudes en los últimos cinco años se alcanzó precisamente en 2013 y su punto más bajo fue justo el año pasado. También en 2013 se otorgó el número más alto de ayudas en el concello en el mismo periodo, 594, mientras que en 2015 cayó ligeramente, hasta las 567. Fuentes de la consellería apuntan que entre las peticiones concedidas un año pueden estar algunas que se solicitaron el año anterior.

"Traemos esta renta municipal porque la Risga no funciona", anunció categórico Ferreiro a comienzos de este mes, tras la aprobación de la ayuda del Concello mediante prestación directa en la Junta de Gobierno Local. Entre los aspectos por los que la Risga, cuya cuantía varía entre los 400 y los 600 euros según el número de personas que convivan en un mismo hogar, resulta insuficiente para los ciudadanos en situación precaria o en riesgo de exclusión social o no se concede está el requisito de justificar los gastos.

Esta condición es complicada de cumplir, por ejemplo, para colectivos como las personas sin hogar o para ciudadanos de la Unión Europea sin certificado de residencia permanente. Los beneficiarios de la renta social cobrarán la prestación sin justificar los gastos para los que solicitaron la ayuda.