"Estamos estudiando el modo de intentar arreglarlo", afirma el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, sobre el problema creado al Concello por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le obliga a abonar 25.000 euros anuales a un propietario de terrenos del Agra de San Amaro por no haber cumplido los convenios que le permitirían construir. A esa cantidad hay que sumar 148.027 euros más que corresponden a la compensación establecida desde la fecha en la que se presentó la reclamación, en el año 2012.

Para Varela, el Ejecutivo municipal se encuentra de nuevo ante las "rémoras" de lo que califica como "nefasta gestión urbanística" de anteriores gobiernos, en este caso del PSOE. El concejal asegura que las decisiones tomadas en aquel momento causan ahora "problemas importantes" al Concello y anuncia que trabajará "continuamente" para favorecer los intereses de la ciudadanía contra los "perniciosos efectos" de la gestión de quienes ahora "tienen la desfachatez de presentarse como buenos gestores".

La sentencia del Superior de Galicia no admite la presentación de un recurso ordinario, lo que obligará al Gobierno local a buscar una vía alternativa para evitar el abono de la cantidad reconocida por el tribunal, que incrementará el coste que suponen para las arcas municipales los sucesivos reveses judiciales sufridos en los últimos años.

El Ayuntamiento expropió a principios de los noventa a dueños de suelo en el entorno de la Torre de Hércules para la construcción del tramo del paseo marítimo que discurre por esa zona y firmó con ellos sendos convenios en 1993 y 2006. Mediante esos acuerdos, los propietarios vieron traspasada la edificabilidad que poseían al Agra de San Amaro, entre la Ciudad Deportiva y la cantera de Adormideras.

Pero la declaración de la Torre como patrimonio de la humanidad y la fijación de una zona de protección a su alrededor trajo consigo la prohibición por parte de la Xunta de la construcción en el Agra de San Amaro, cuyos propietarios recurrieron sin éxito esta decisión.

La exigencia de compensaciones económicas llevó al Gobierno local del PP a proponer en 2012 el traslado de esa edificabilidad a la cantera de Adormideras, donde se proyectó construir 333 pisos, pero justo antes de las elecciones de 2015 dio marcha atrás a esa iniciativa ante el temor a que la Unesco retirase la distinción a la Torre de Hércules a causa de este proyecto inmobiliario.

Mientras el Concello busca dónde transferirles edificabilidad, los promotores acumulan años sin poder llevar a cabo sus iniciativas, lo que animó a uno de ellos a reclamar en 2012 una compensación por este motivo. Aunque un juzgado coruñés rechazó esa posibilidad en primera instancia, el Tribunal Superior de Galicia le dio la razón al recurrir y fijó la compensación de acuerdo con los intereses legales del dinero generados por el aprovechamiento urbanístico que figura en los convenios. La sentencia abre ahora la vía a otros promotores para que reclamen con el fin de ser indemnizados por el Concello por este mismo motivo.