El retraso en la obtención de un acuerdo y la amenaza de bloqueo que se cierne sobre las cooperativas del polígono ha llevado a una de ellas, la denominada precisamente Parque Ofimático, a ofertar un pacto a todas las partes implicadas en el problema. El primer punto de esa propuesta sería la suspensión de la ejecución el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para, de acuerdo con la jurisprudencia existente, modificar el proyecto de urbanización y excluir los contenidos que motivaron la anulación del contrato.

También propone la cooperativa "reiniciar inmediatamente" las obras de urbanización para que "en el menor plazo posible" todos los solares tengan accesos y servicios urbanos, así como que se trate "de forma particular" al núcleo de San Vicente de Elviña para evitar desalojos de propietarios, aunque estima que la solución "no pasa necesariamente" por la exclusión de este sector del polígono ni por la modificación del plan general o del parcial, ya que considera que existen "otras fórmulas" que no detalla.

Otra de sus iniciativas es que se exija a los propietarios de suelo el abono de todas las cuotas de urbanización de urbanización pendientes, cuyo volumen estima en 32 millones de euros, a lo que suma la eliminación del proyecto del aparcamiento subterráneo al calificarlo de "innecesario". También plantea la cooperativa que se suprima el nuevo polígono que debía crearse con los aprovechamientos lucrativos que demanda ADIF, al que se le ofertaría el reconocimiento de la edificabilidad en una parcela del ofimático. El acuerdo pasaría además por el soterramiento de la vía férrea en la zona para mejorar la conexión peatonal y visual entre Matogrande y el ofimático, de forma que se elimine el efecto talud y trinchera actual.

Según Parque Ofimático, un pacto que incluyera estos contenidos "evitaría conflictos y litigios por todos indeseados", al tiempo que generaría beneficios tanto para las cooperativas que promueven ahora la construcción de 340 viviendas como para la economía local, ya que los proyectos inmobiliarios previstos en el polígono y su urbanización supondrían una inversión de 110 millones de euros, según esta cooperativa, que calcula en 700 los empleos directos e indirectos que se crearían en el sector de la construcción.

De acuerdo con estos cálculos, el Ayuntamiento recaudaría por su parte 2 millones en tasas e impuestos, la Agencia Tributaria 5 millones de euros en concepto de IVA, mientras que la Xunta obtendría 1,2 millones por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. El acuerdo llevaría además, según esta cooperativa a la retirada de los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Galicia en los que se acusa al Ayuntamiento de incumplir sistemáticamente su obligación de desarrollar todo el proceso de urbanización conforme a la legalidad vigente.