La Audiencia exige a la juez de la 'Zeta' que especifique de qué acusa a cada imputado

"La indefensión por falta de concreción del objeto de la investigación es manifiesta", dice

30.06.2016 | 01:00

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña advierte a la juez que investiga la operación Zeta de que debe concretar de qué acusa a cada uno de los 55 investigados por el presunto fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación. El alto órgano jurisdiccional provincial, que estima parcialmente un recurso presentado por las defensas de los sospechosos, anula el auto emitido por la instructora el pasado mes de enero y le exige que dicte una nueva resolución en la que respete "el derecho de defensa" de los imputados. El tribunal rechaza la petición de los abogados de archivar el caso.

"La indefensión por falta de concreción del objeto de la investigación es manifiesta", concluye la Audiencia, quien destaca que, a pesar de haber transcurrido casi cuatro años desde el inicio de la operación, los hechos "no tienen más concreción que la que en su día pudo haber justificado el inicio de una investigación". El tribunal subraya que la juez, en su auto, no resuelve las cuestiones planteadas por los abogados defensores de los sospechosos. Así, le solicita que en un nuevo escrito especifique, entre otros datos, la relación existente entre el delito de estafa y el de fraude de subvenciones, así como la cuantía de lo defraudado "para distinguir el régimen aplicable en el caso de fraude de subvenciones", es decir, el derecho penal o el administrativo sancionador.

Los magistrados, además, instan a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña a dividir la tramitación de la causa en piezas separadas para poder realizar un "análisis pormenorizado" de las distintas subvenciones. "Nada de lo que en estos momentos consta permite concluir que los requisitos para acceder a las ayudas fueran siempre los mismos", arguyen los jueces, quienes señalan que tampoco se puede determinar que en el momento en el que la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) y la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga) solicitaban las subvenciones existieran "asociaciones, federaciones o confederaciones de empresarios que acreditasen su representatividad mediante asociados inscritos con abono de cuotas de la asociación".

Las entidades implicadas en la operación Zeta recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias. Solo de la Xunta, según figura en el sumario, se embolsaron alrededor de 15 millones. Por el momento, en la trama hay 55 investigados, entre ellos empresarios, exaltos cargos de la Xunta del PSOE-BNG y del PP, dirigentes de asociaciones y sindicalistas. La mayoría de los imputados citados a declarar por la instructora se negaron a testificar hasta conocer el contenido de un informe detallado de la Agencia Tributaria sobre todas las operaciones fiscales relacionadas con los cursos y las asociaciones implicadas en la organización que, según los investigadores, dirigían el empresario y líder vecinal Gerardo Crespo y el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España, Eliseo Calviño. Crespo alegó ante la magistrada desconocer de qué se le acusa, si bien en declaraciones a este diario admitió haber pagado a políticos para organizar cursos de formación para parados y discapacitados.

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