El botellón no molesta como lo hacía antaño. El Ayuntamiento explica que su "estrategia" a la hora de abordar el consumo de alcohol de los jóvenes, en muchos casos menores, en la vía pública pasa por reforzar los servicios de limpieza y desarrollar "campañas de concienciación y procesos participativos" para intentar buscar "alternativas".

"En último término, aplicar la vía sancionadora, siempre como última opción, ya que entendemos que la vía represora solo contribuye a trasladar el problema de sitio y no a solucionarlo", defiende el Ejecutivo dirigido por Xulio Ferreiro, que sostiene que en la Concejalía de Medio Ambiente no se recibió este año "ningún aviso de daños en mobiliario, a excepción de afecciones menores a la vegetación, flores...".

El Gobierno local asegura que, para reducir las molestias que ocasione el botellón, apuesta por "optimizar los servicios municipales a las circunstancias particulares del uso de la vía pública". "En el caso del botellón, se refuerzan los servicios de contenedores y de limpieza", señala el Ejecutivo municipal en la respuesta a una pregunta escrita planteada por el PSOE sobre el asunto, en la que destaca que los jóvenes consumen alcohol en zonas menos pobladas de la ciudad.

Otra de sus decisiones, incide, es promover la "corresponsabilidad", implicando a los ciudadanos en el cuidado de la ciudad, a través de "campañas de concienciación y procesos participativos en la búsqueda de alternativas". La sanción, concluye, debe ser "la última opción".

El botellón comenzó a hacerse en la ciudad de forma multitudinaria en la plaza del Humor, desde donde se extendió a la plaza de Azcárraga y al entorno de la plaza de Santa Catalina. Tras años de protestas vecinales, el Ayuntamiento declaró en 2008 cada una de esas áreas Zona de Especial Protección (ZEP), lo que permitió a la Policía Local actuar y multar a los jóvenes que se congregaban en ellas. Desde entonces, los adolescentes se trasladaron a los jardines de Méndez Núñez, lo que provoca las críticas de los vecinos de los alrededores y de los comerciantes, quienes demandan que el área verde sea protegida, pero la Xunta rechazó la petición del Ayuntamiento durante el Gobierno del popular Carlos Negreira.