Un senegalés será juzgado hoy por, presuntamente, estafar a compatriotas residentes en A Coruña que se encontraban "en situación de dificultad económica y con mucho interés por conseguir un trabajo en España", según indica el fiscal en su escrito de calificación. La acusación pública considera probado que el investigado ofrecía a las víctimas empleos que no existían a cambio de que le entregasen sumas de dinero que oscilaban entre 750 y 1.500 euros. El procesado se enfrenta a una petición de condena de tres años de cárcel por cometer un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsificación de documento público. La Fiscalía también demanda al magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña que le imponga el pago de una multa de 4.320 euros y la devolución del dinero que estafó a sus compatriotas.

El representante del Ministerio público relata en su informe sobre los hechos que el sospechoso engañó a al menos cinco personas, todas de nacionalidad senegalesa. Así, indica que en noviembre de 2011 le ofreció a uno de los perjudicados un contrato de jardinero a cambio de que le entregase 750 euros. La víctima aceptó y unos días después, el procesado le dio un contrato firmado por el supuesto representante de una empresa que finalmente no existía.

El modelo en el que se redactó el documento era el oficial del Ministerio de Trabajo para este tipo de contrataciones, según señala el fiscal, quien destaca que "los datos no se correspondían con la realidad la no existir la empresa contratante". El perjudicado lo presentó en diciembre de 2011 en la Subdelegación del Gobierno para obtener la residencia legal en España, donde fue detectada "su no correspondencia con la realidad".

En los otros casos el imputado, según sostiene la Fiscalía en su escrito de calificación sobre los hechos, actuó de forma similar, ya que en todos los contratos constaban "datos inventados y una firma mendaz". El sospechoso consiguió que le entregasen más de 2.000 euros a cambio de contratos de trabajo inexistentes. En todos los casos el engaño se descubrió en la Subdelegación del Gobierno cuando las víctimas llevaron los documentos. Uno de los afectados llegó a abonarle 1.700 euros para que le consiguiese trabajo a dos de sus sobrinos. "Los contratos resultaron nuevamente mendaces elaborados por el acusado o persona a su ruego", subraya el fiscal.