El Gobierno gallego da luz verde a la conversión de parte del colegio Calvo Sotelo en residencia pública para estudiantes. La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio asegura que los cambios realizados en el ordenamiento urbanístico para poder abrir esta instalación no justifican el inicio de un procedimiento de evaluación ambiental, según publicó ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El Ejecutivo autonómico justifica esta postura al entender que "no cabe esperar que se produzcan efectos ambientales significativos" con la entrada en vigor de esta modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal, que busca reconocer a los equipamientos situados en esta parcela del Calvo Sotelo la condición de Sistema General.

Después del periodo de exposición pública y consultas, ningún organismo o particular alegó contra este cambio. Tan solo el Instituto de Estudos advirtió de que, pese a que no se producirán "efectos significativos sobre el paisaje", el edificio que acoge la residencia ofrece un "innegable valor compositivo" y una unidad formal que "deberá ser preservada". "El proyecto de reforma para adecuar los nuevos usos deberá mantener, en la medida de lo posible, el aspecto exterior de la parte del edificio afectada", asegura este organismo en su informe.

La Consellería apunta a que la nueva residencia será positiva "para la sociedad y la economía". En el proyecto de modificación puntual del PGOM presentado por el Concello ya se señalaba que esta apertura podría rebajar los precios en las viviendas de alquiler para estudiantes del entorno. Se destacaba también que la instalación obligaría a reforzar algunas líneas del transporte urbano o prever nuevas conexiones con el campus de Elviña, sobre todo durante el curso y en determinados horarios. En el documento además se pone de relieve la necesidad de disponer "aparcamientos públicos y previsión de carril bici" además de parking para bicicletas en el entorno del colegio.

La Universidade da Coruña es una de las pocas de todo el Estado que no cuenta con una residencia pública de estudiantes en su principal campus. El proyecto para habilitar este servicio en el Calvo Sotelo comenzó a tomar forma en octubre de 2015, con la firma de un convenio entre la Universidade da Coruña y la Diputación, titular del colegio actualmente.

El acuerdo prevé que se ubique en un ala del Calvo Sotelo y que cuente con cien plazas repartidas en habitaciones dobles con baño, si bien este número podría aumentar en función de la demanda. Las tres instituciones preveían que las plazas se pudiesen ofertar ya durante el próximo curso. En el pasado, el colegio albergaba a 400 internos aunque ahora viven unos 50 jóvenes becados por la Diputación.

Desde 1994 y hasta el curso pasado, la única residencia que se ofrecía a los matriculados en la UDC, a través de un convenio de colaboración, era Rialta, propiedad de la Fundación María José Jove. Precisamente, esta entidad reclama en los tribunales a la Universidad el abono de casi seis millones de euros como indemnización por no haber renovado el acuerdo firmado en 1994 entre ambas entidades, por el cual la UDC subvencionaba el alojamiento en Rialta a los universitarios.

El anterior rector coruñés, Xosé Luís Armesto, achacó el cambio a que el concierto con Rialta "no se ajustaba a las necesidades de los estudiantes", ya que en el anterior ejercicio solo se habían ocupado 95 de las 175 plazas subvencionadas por la Universidad.

Según fuentes del Rectorado, la Fundación emprendió acciones legales contra la UDC tras la anulación de este concierto al entender que debe ser indemnizada por los beneficios que perderá en el futuro como consecuencia de la ausencia de subvenciones. La Universidad no comparte esta postura al entender que se trataba de un convenio de colaboración con una residencia privada que ya existía antes de firmarse el acuerdo y no de una concesión y critica que la Fundación haya cortado desde entonces todo tipo de colaboración con la institución académica.