El fiscal mantuvo ayer al finalizar el juicio su petición de penas de entre 51 y 91 años de cárcel para los cuatro chabolistas de la Conservera Celta y Ledoño que presuntamente secuestraban y esclavizaban a indigentes. Los procesados, según la acusación, al menos desde 2011 y hasta enero de 2015, cuando la Policía Nacional liberó a las víctimas, se dedicaban a localizar a personas "en situaciones de indigencia, con graves necesidades económicas, enfermedades o problemas de tipo mental" para robarles sus pensiones y obligarlas a mendigar y a ayudarles en diferentes tareas, entre ellas limpiar sus casas, realizar construcciones, vender globos o atender atracciones en ferias.

"Se asume con demasiada naturalidad la situación en la que se encontraban las víctimas", advirtió el representante del Ministerio Público en su alegato final, en el que insistió en que cuando los imputados hablan de "ayudantes" se refieren, en realidad, a "esclavos, siervos o vasallos". El fiscal subrayó que los seis imputados, familiares entre sí, trataban a los indigentes "como animales" y destacó que "seguramente había más víctimas que no se han podido identificar". Así, recordó que la Policía Judicial de la Policía Nacional identificó a seis afectados. "Es imposible que todos se hayan puesto de acuerdo", apuntó.

Plácido, el indigente que pernoctaba en una zapatería de San Andrés, consiguió contarle, aterrorizado, a una trabajadora de Cruz Roja que lo habían secuestrado cuando dormía en la céntrica calle y que lo sometían a todo tipo de abusos. A raíz de su relato, que fue posible porque se quedó solo con la trabajadora de la entidad, surgió la investigación policial. Uno de los imputados lo acompañó a Cruz Roja para conseguir un certificado necesario para que cobrase una pensión. Una de las víctimas consiguió huir a Vigo y denunció los hechos en 2014, mientras que otra que también escapó fue localizada por los agentes en Ponteareas (Pontevedra) porque había documentación suya en el lugar donde presuntamente retenían a los sin techo. Los funcionarios del 091 interceptaron a otro de los afectados en las inmediaciones de Ledoño y a otros dos en el interior de las fincas de los sospechosos. El representante del Ministerio Público insistió en que los perjudicados, dos de los cuales fallecieron, sufren "problemas mentales y físicos".

Los abogados defensores exigieron la absolución de los imputados, para lo que trataron de desacreditar a los indigentes y de poner en duda algunos de los trámites que se realizaron durante la instrucción de la causa. La letrada que representa a dos de los sospechosos sostuvo que los afectados son "alcohólicos" y que padecen enfermedades mentales. "Las personas que sufren esquizofrenia paranoide se creen que están en situaciones que son mentira. Igual están en esta sala y se creen que están en la playa de Cádiz", arguyó, al tiempo que subrayó que no están "en su sano juicio".

"Vivían igual que los feriantes. Se duchan en agua fría, son fuertes, están acostumbrados. Ellos viven así. A mí me llevaron al aeropuerto en una furgoneta llena de mierda que olía mal, pero ellos no huelen", manifestó la letrada. El otro abogado defensor criticó que no se imputen hechos concretos. Además, aseveró que una de las víctimas se refiere a "un gitano", pero asegura que no lo identifica. El letrado señaló que los médicos que atendieron a algunos de los afectados no dieron parte judicial y destacó que le parece "vomitivo" que no se hayan personado instituciones en el proceso judicial para defender a las víctimas.