La posibilidad de anular las denuncias por infringir la normativa de la ORA está más cercana, ya que la Junta de Gobierno Local analizará hoy la propuesta de reforma de la ordenanza que regula este servicio con el fin de evitar el impago de la multa en caso de que no se superen los 60 minutos desde la imposición de la denuncia. El órgano municipal ya había aprobado esta iniciativa el pasado 23 de junio, pero el grupo municipal del PP advirtió de que era necesario modificar también la ordenanza fiscal que establece las tarifas de la ORA, por lo que ahora se acomete una nueva reforma que incluye el aspecto reclamado por los populares.
El informe que se expondrá en la Junta de Gobierno Local justifica esta actuación por la necesidad de que las dos reformas se efectúen al mismo tiempo para conseguir una "mayor seguridad jurídica y coherencia", de forma que se modifica el artículo de la ordenanza que regula las tarifas y también la ordenanza fiscal en la que aparecen detalladas. Si finalmente la Junta de Gobierno aprueba este cambio, el acuerdo deberá ser refrendado por el pleno y, posteriormente, sometido a exposición pública durante un mes, por lo que habrá que esperar al menos hasta septiembre para que sea posible anular las denuncias.
La ordenanza establece una distinción entre los infractores que superen el tiempo máximo permitido y aquellos que no hayan abonado ninguna tarifa. En el primer caso, si son denunciados por los vigilantes y actúan antes de que transcurra una hora desde el momento en que terminó el tiempo por el que habían pagado, podrán evitar una multa de 60 euros mediante el abono del doble de la tarifa máxima, por lo que tendrían que pagar 2,60 euros. En el segundo caso, para evitar la sanción tendrá que haber transcurrido menos de una hora desde que fueron denunciados y estarán obligados a abonar cinco veces el importe máximo, lo que supone 6,5 euros.
Este sistema se aplicará en todas las zonas de la ORA, tanto en la general como en la de corta duración -aplicada en el entorno de los mercados municipales- y en la denominada exprés, pese a que tienen tarifas diferentes. Para abonar esos recargos se utilizarán los parquímetros, que ya están preparados para esa función, puesto que la empresa concesionaria del servicio solo esperaban a que el Concello la autorizase.
Tras su llegada al Gobierno local, Marea Atlántica expresó su voluntad de que el coste del servicio de la ORA no fuera asumido por todos los ciudadanos, sino simplemente por sus usuarios, para lo que anunció que se vigilaría el estricto cumplimiento de la normativa. Desde su implantación en 1989, este sistema de regulación del estacionamiento se orientó únicamente al cobro por la permanencia de los vehículos, de forma que tan solo se sancionaba a aquellos que de manera habitual no abonaban las tarifas. Durante el periodo en que la ORA fue gestionada por el grupo Vendex, el servicio generó un importante déficit que tuvo que ser asumido por el Concello, ya que esta condición figuraba en el contrato firmado en 2005 y que expiró el año pasado.
Para acabar con esta situación, el Gobierno local exigió a la nueva concesionaria, Setex, la denuncia a todos los conductores que sobrepasaran el tiempo máximo o no abonasen las tarifas, lo que derivó en la imposición de numerosas multas en pocas semanas entre los habituados a la tradicional laxitud en la aplicación de la normativa. Los afectados reclamaron la posibilidad de anular las denuncias para los casos de despistes en la superación del tiempo máximo, que fue recogida por el Gobierno local.
