Mientras no se apruebe la ordenanza de forma definitiva y se incluyan o desestimen algunas de las alegaciones, el texto al que el pleno le dio el visto bueno sitúa esta prestación entre los 532,51 y los 1.064 euros. Los beneficiarios no podrán tener ingresos por encima de esta última cantidad y deberán además cumplir ciertos requisitos, como participar en itinerarios de inclusión social para salir de su situación de pobreza, no practicar la mendicidad o estar inscritos como demandantes de empleo.
El proyecto prevé que la prestación se otorgue por seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18. Al tratarse de prestación y no de subvención, los beneficiarios no tendrán que justificar los gastos, como ocurre actualmente con la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) o con la prestación por desempleo.
El objetivo del Ejecutivo con esta renta social es "complementar" a la Risga, en los casos en que esta se deniegue a vecinos en situación de exclusión, y convivir con las ayudas de emergencia social del Concello, que se mantendrán para otros casos menos extremos.
