La instrucción que ha remitido la edil de Facenda, Eugenia Vieito, a los diferentes departamentos municipales mantiene las prioridades para el próximo ejercicio a la hora de confeccionar el presupuesto. Entre ellas, la renta social municipal. Las previsión es que la ordenanza definitiva que permita su puesta en marcha vaya a pleno en este mes, ya resueltas las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición y otros colectivos. Entre el decálogo de prioridades establecidas desde el Gobierno local, hay dos pequeñas novedades, la inclusión de los mercados municipales junto al pequeño comercio dentro de los programas activos de fomento del empleo activo; y una política de contratación que prime los concurso abiertos y que valore, además de cláusulas sociales y de igualdad, las propuestas de comercio justo y ambientales.

El área de Facenda hace hincapié también, en el texto remitido al resto de departamentos municipales, en que las inversiones en proyectos y obras respondan a las necesidades de la ciudadanía y que se distribuyan equilibradamente entre los barrios, compensando a aquellos con necesidades mayores. Apuesta por mejorar la eficacia de los servicios públicos y una mayor "fiscalización e inspección" de las concesiones municipales. Los recursos, prosigue el documento, deben cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios ya existentes. La inclusión de nuevos proyectos y la ampliación de los programas existentes "se realizará solo en la medida en que fuesen considerados prioritarios socialmente por el Gobierno municipal".

Gasto corriente

Al igual que el pasado año, cada concejalía debe elaborar un análisis de su gasto corriente, "que permita determinar posibles economías" mediante la puesta en marcha de "medidas de simplificación o centralización de contrataciones, de forma que se puedan obtener precios unitarios más baratos". Renueva sus votos con el ahorro de gasto corriente, con "estrictas medidas" de control.

Entre las medidas de ahorro, reducirse los gastos no relacionados con la calidad de los servicios públicos, como la publicidad, supresión de alquileres innecesarios, actualización de cano y rentas, y enajenación o alquiler de los inmuebles que no son necesarios para el funcionamiento de los servicios.

Propone una serie de directrices también en torno a las estimaciones de ingresos para el ejercicio próximo. En cuanto a la recaudación del Concello, reiteran que se debe mantener "una política realista" de ingresos públicos, de forma que se asegure el mantenimiento y la calidad de los servicios públicos. En el documento de 2016, diseñado a la baja, se redujeron las previsiones de ingresos teniendo en cuenta la recaudación real del año anterior para evitar desfases, por ejemplo, en el dinero que llega por tasas o impuestos relacionados con la construcción. Sobre las cargas tributarias para los vecinos, insisten en que las modificaciones de las tarifas deben realizarse "en beneficio de las personas y familias más necesitadas".

Subvenciones y obras

Sobre las subvenciones, al igual que ya lo hacía la instrucción del pasado año, insiste en que la concesión de ayudas debe tender a la convocatorias públicas por concurrencia competititva y a la disminución de los convenios a dedo, una cuestión que se debería poner en marcha el próximo año, según explicaron los ediles en varias reuniones con asociaciones. Por otro lado, demandarán a las entidades siempre un plan de viabilidad a cuatro años. Los colectivos cuyo funcionamiento dependa, en más de un 50%, de la inyección municipal deberán rendir cuentas al Concello y pensar en cómo se pueden diversificar sus fuentes de financiación.

Por otro lado, cuando se aborde una nueva infraestructura, se tendrá en cuenta el gasto corriente que generará posteriormente. Por eso, consideran que es mejor programar a medio plazo, "conformando un escenario plurianual" tanto de inversiones como de gastos. Todos los proyectos de obras y establecimientos de nuevos servicios deberán ir acompañados de un anteproyecto con memoria, planos y presupuesto. "No se incluirá en el presupuesto ningún proyecto que no venga acompañado de un informe del área de urbanismo sobre la disponibilidad de los terrenos y su conformidad con el plan general", indica la instrucción.