Una prestación más controlada

El Gobierno local aceptó alegaciones del PSOE y el BNG a la ordenanza de la renta social que precisan requisitos, garantizan recursos y refuerzan el seguimiento - No estimó las del PP

11.08.2016 | 02:02
El alcalde, Xulio Ferreiro, y el portavoz del PSOE, José Manuel Dapena, se saludan en un pleno.

La ordenanza reguladora de la renta social municipal con la que el Gobierno local prestará ayudas directas a familias sin recursos y en situación o en riesgo de exclusión social será previsiblemente aprobada mañana en el pleno con una serie de modificaciones añadidas a consecuencia de las alegaciones presentadas desde junio por grupos de la Corporación, entidades sociales y particulares, coincidentes en numerosos casos. Las aportaciones de la oposición tenidas en cuenta por el Ejecutivo de Marea confieren a la renta social, presupuestada este año con 2,1 millones de euros, de un teórico mayor control de gestión y más precisión al texto regulador.

El Gobierno municipal aceptó tres de las cuatro alegaciones expuestas por el grupo del PSOE y otras tres de las ocho que comunicó el BNG, mientras que rechazó las seis defendidas por el PP. Tampoco estimó las seis que trasladó el sindicato CIG. Seis entidades sociales de la ciudad y 195 personas presentaron alegaciones.

La renta social adquiere más cobertura y mayor rigor respectivamente con la inclusión del transporte como necesidad básica a la que la prestación dará cobertura y con la necesidad de que los solicitantes acrediten una "residencia efectiva" en lugar de una "residencia legal" en el municipio, al considerar que en esta situación se encuentra un amplio sector de vecinos sin recursos suficientes. Estos añadidos responden a sendas alegaciones del PSOE, que también pidió la creación de una comisión por la inclusión social. El Gobierno local calificó de "procedente" esta propuesta, aunque la aparta del marco de la ordenanza y acepta constituir un consejo sectorial para controlar y reactivar la participación colectiva en el seguimiento de la renta social.

El PSOE también reclamó en alegación la creación de un apartado para ayudar a colectivos de trabajadores contratados cuyas empresas no les abonan los salarios ordinarios, pero el Ejecutivo replica que la renta social no se concibe con esta finalidad y remite a otros mecanismos legales.

El BNG encuentra el sí del Gobierno de Marea en tres de sus alegaciones: la matriculación de menores de familias perceptoras de la ayuda que estén en etapas de escolarización obligatoria "en los mismos términos del sistema educativo estatal"; la obligación de comunicar cualquier variación en el número de miembros de la unidad de convivencia a efectos de controlar la ayuda prestada; y la retirada, por la dificultad que entraña, de la condición de cuatro meses para que un beneficiario de la renta social que comparte residencia encuentre una vivienda independiente.

El Ejecutivo desestima alegaciones del BNG que piden concreción de itinerarios de inclusión, la ampliación de la concesión de la ayuda a un año en lugar de seis meses, considerados suficientes por el Gobierno local para "dar respuesta a situaciones de riesgo", y la percepción, mientras se solicita y se tramita la renta social, de otra ayuda como la Risga, para la que el Concello requiere la constancia de que ha sido denegada.

Ninguna alegación del PP fue estimada por el Gobierno del Marea. Para empezar, el grupo exige justificar gastos mediante la adaptación de la ordenanza de la renta social a la ley de subvenciones de Galicia, mientras que el Concello descarta toda sujeción a esta normativa y reitera la concepción de la ayuda como una prestación. También rechaza la creación de una comisión mixta para conceder prórrogas, al delegar en trabajadores sociales el establecimiento de recursos necesarios; ampliar a 12 los meses de empadronamiento de los solicitantes; exigir tener los 25 años cumplidos; y agilizar el proceso de pago a víctimas de violencia de género frente a otros beneficiarios.

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