La Corporación municipal votó ayer, con la única abstención del PP, a favor de aprobar de forma definitiva la ordenanza de la renta social municipal, que ya entrará en vigor este mes de agosto. Con esta prestación, en la que el Concello invertirá 2,1 millones de euros, se prevé cubrir el vacío que deja la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) y ayudar a unas 1.000 familias que no la perciben a recobrar autonomía económica mediante la concesión de ayudas de entre 500 y 1.000 euros al mes.
La normativa aprobada ayer incorpora gran parte de las alegaciones presentadas por el PSOE y el BNG. A los socialistas, por ejemplo, se les acepta la creación de un consejo sectorial integrado por asociaciones especializadas en la integración social, que hará seguimiento y asesorará en todo lo que tiene que ver con la renta. La inclusión del transporte como gasto básico a cubrir para los perceptores de la ayuda o la extensión de la prestación a inmigrantes sin papeles que vivan de forma efectiva en la ciudad son otras alegaciones estimadas a los socialistas. Al BNG se le acepta la solicitud de que el acceso a una vivienda independiente en un plazo de cuatro meses deba estar en los itinerarios de inclusión y no en la ordenanza y la de que se comuniquen los cambios en el número de miembros de la unidad de convivencia antes de la percepción de la renta.
El PP justificó su abstención al no habérsele incluido ninguna de sus alegaciones. El concejal popular, Miguel Lorenzo, acusó al Gobierno de querer repartir "café para todos" y advirtió del "efecto llamada" que la norma causaría tal y como está redactada, al permitir el acceso a la ayuda a jóvenes de entre 18 y 25 años, y no como la Risga, que pone el límite en los 25. Los conservadores también manifestaron sus dudas sobre el procedimiento para abonar la ayuda a las víctimas de violencia de género o el mecanismo de control del gasto, algo que cree que puede generar "distorsiones y abusos" en el pago de la renta si no se aplica adecuadamente.
El PP había encargado un informe al Interventor municipal sobre la legalidad de la ordenanza, que finalmente fue fallado favorablemente. Uno de los reparos que ponían los populares es que, tal y como está redactada, los beneficiarios no tendrán que justificar en qué se gastan la ayuda -como ya ocurre con la Risga o la prestación por desempleo-. El Gobierno había defendido esta vía ya que, además de ser más cómoda para los receptores, evitaría sobrecargar con trabajo a la administración local.
Los beneficiarios podrán recibir la prestación por seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18. Después de este periodo, para poder seguir recibiendo la ayuda deberán contar con el visto bueno de los técnicos municipales, que deberán constatar el cumplimiento de todas las obligaciones durante los meses anteriores.
La edil del PSOE, Silvia Longueira, replicó al PP que precisamente estos trabajadores sociales son "la mejor garantía" de que no habrá "abusos" con la prestación.
