La juez que archivó en diciembre las diligencias abiertas por las responsabilidades penales en el accidente mortal del Rally de A Coruña en Carral el 5 de septiembre del año pasado, en el que murieron siete personas y catorce resultaron heridas, libra de toda culpa penal a la organización de la prueba, de quien concluye que tomó todas las medidas de seguridad exigidas y actuó con plena diligencia. Pero en su resolución la magistrada hace una doble advertencia, a espectadores y a organizadores de este tipo de pruebas, para que extremen su comportamiento y sus acciones con el fin de que el público se sitúe en los lugares más seguros sin moverse de ellos. El auto de archivo definitivo de la investigación emitido por la juez ha sido recurrido por un particular ante la Audiencia Provincial, que aún no se ha pronunciado, según han informado fuentes judiciales a este diario.

La juez, que no hace reproches a los aficionados accidentados en Carral, señala que los espectadores que "en general" acuden a este tipo de pruebas deportivas "probablemente no son conscientes del peligro que entrañan estas competiciones". A continuación, debido a esta percepción incompleta de los riesgos que encierran los rallies, exige a las organizaciones de estas carreras y "demás partícipes" en ellas que velen por el público "colocándolos en un lugar considerado a priori como seguro y asegurándose de que permanecen en dichos lugares". "Debe exigirse que esto se cumpla y, de no ser así, habría que suspender la prueba", añade la magistrada, que apoyó su resolución de archivo en sendos informes elaborados por la Guardia Civil y el sector de Tráfico de A Coruña.

La magistrada elimina "desde un punto de vista penal" toda responsabilidad del conductor del coche que atropelló a las víctimas y del fabricante, Peugeot. También de los encargados de preparar el rally. "Todas las medidas de seguridad que podían exigirse a la organización para el buen desarrollo de la prueba deportiva se cumplieron", resuelve, aunque añade que "a posteriori" se comprobó que estas medidas "resultaron insuficientes".

Los atestados que analizó la juez recogen que tanto la organización como la Guardia Civil permitieron la presencia de público en las zonas acotadas cuando hicieron el reconocimiento previo a los tramos de la prueba. La curva de la parte superior de la recta donde se produjo el accidente se consideró un punto de riesgo que se encintó para impedir que se situasen espectadores.

El trágico accidente, del que está a punto de cumplirse un año, ocurrió por la salida de vía de un vehículo participante en el rally, que en un tramo recto cuesta abajo entre dos curvas a la derecha dio vueltas de campana y arrolló a un grupo de espectadores que presenciaban la prueba desde fuera de la vía. Dos hombres y cuatro mujeres, dos de ellas embarazadas, murieron y más de una decena de personas sufrieron heridas de diversa consideración. Un día después falleció una menor que estaba grave.