El Concello pone en marcha el proceso para informar de la renta social a posibles usuarios

Xustiza Social procede a la incorporación del personal necesario para la tramitación de la ayuda y para seguir los itinerarios de inclusión diseñados para las personas que resulten beneficiarias

22.08.2016 | 11:09
Fachada de la Cocina Económica, en la calle del Socorro.

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en las próximas semanas dará el pistoletazo de salida a la renta social municipal, diseñada para cubrir el vacío que deja la Risga y echar una mano para que unas mil familias coruñesas consigan abandonar su situación de vulnerabilidad socioeconómica. El área de Xustiza Social informa de que los funcionarios iniciarán ya el proceso de información entre aquellas personas que, según su análisis, pueden resultar beneficiarias de la ayuda del Concello. La ordenanza que la regula fue aprobada de manera definitiva el pasado viernes, 12 de agosto, con los votos a favor del grupo de gobierno, el PSOE y el BNG. Los beneficiarios tendrán que seguir una serie de itinerarios de integración que acompañarán a la renta

El Ayuntamiento de A Coruña no puede comenzar a tramitar las nuevas rentas sociales municipales para personas en situación de vulnerabilidad hasta la publicación en los boletines oficiales de la ordenanza que le da sustento normativo y que se aprobó de manera definitiva el viernes, 12 de agosto, en un pleno extraordinario. Esperan a que la instrucción se haga efectiva en unos quince días a través del BOP al tiempo que se inicia una fase informativa entre personas "en situación de vulnerabilidad" que podrían resultar beneficiarias de la ayuda municipal.

La carga de trabajo adicional del área de Xustiza Social precisa además de la incorporación de personal, un proceso ya iniciado. A finales del pasado año se convocaron pruebas para la confección de una lista de trabajadores sociales para trabajar de manera interina que quedó cerrada en el mes de mayo. El personal incorporado deberá encargarse de la tramitación y del diseño de los itinerarios de inclusión, además de su seguimiento.

Los trabajos y acciones que se están llevando a cabo durante este periodo, afirman desde el Gobierno municipal, están enfocados a que la tramitación de la renta se pueda poner en marcha inmediatamente y "beneficiar, cuanto antes, al mayor número de personas posible". Esperan dar cobertura a unas mil familias, con una dotación de 2,1 millones de euros, y dar cobertura al vacío que deja la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga). La idea de partida es que los beneficiarios puedan recobrar la autonomía económica con ayudas de entre 500 y 1.000 euros, según su situación económica y familiar.

La normativa estipula que la renta se concederá por un plazo de seis meses, prorrogables hasta llegar a un máximo de año y medio si las condiciones de exclusión se mantienen. El receptor podría volver a solicitarla si acredita que cumplió con los itinerarios y lo aprueban los técnicos. Y es que todos los beneficiarios deberán participar en unos programas de integración diseñados por los funcionarios para intentar salir de su difícil situación. También deberán estar registrados como demandantes de empleo y no mendigar.

La ordenanza que regula la renta fue aprobada con el voto a favor de socialistas y nacionalistas y la abstención del Partido Popular. El Concello incorporó una serie de alegaciones aportadas por los grupos del PSOE y del BNG. Los primeros, por ejemplo, abogaron por incluir un consejo sectorial integrado por asociaciones especializadas en integración social, que harán un seguimiento y asesorará en todo lo que tiene que ver con la renta.

La inclusión del transporte como gasto básico a cubrir para los perceptores de la ayuda o la extensión de la prestación a los inmigrantes sin papeles que vivan de forma efectiva en la ciudad son otras de las alegaciones que se estimaron al PSOE coruñés. El BNG consiguió que la condición de acceder a una vivienda en cuatro meses esté en los itinerarios pero no en la normativa y que se comuniquen los cambios en el número de miembros de la unidad de convivencia antes de la percepción de la renta.

El PP se abstuvo por no habérsele incluido ninguna de sus alegaciones, acusando al Ejecutivo de querer repartir "café para todos" y advirtiendo de un "efecto llamada" por como está redactada la ordenanza, porque permite el acceso a jóvenes de entre 18 y 25 años cuando la Risga pone el mínimo en 25.

Al tratarse de una prestación, los beneficiarios no tendrán que justificar en qué gastan las ayudas. Sin embargo, entre las obligaciones del receptor, la ordenanza habla de "administrar responsablemente" los recursos. Una vez que se solicite, Xustiza Social deberá emitir un dictamen dos meses después de haber recibido la solicitud. En caso de que haya silencio administrativo, se entenderá que la prestación ha sido denegada.

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