Quienes en agosto de 2006 pasaran por las calles Tabernas y Parrote podrían comprobar que los bolardos e intercomunicadores que el Ayuntamiento había instalado en su confluencia con el paseo de la Dársena estaban destrozados y en un estado de completo abandono. Estos equipos habían sido colocados cuatro años antes con el objetivo de poner en marcha la peatonalización de la Ciudad Vieja, de forma que con ellos se pretendía controlar que los únicos vehículos que entrasen al casco histórico fuesen los de los residentes o los autorizados de forma expresa para circular por esas calles.

Pero lo que debía destinarse al control acabó totalmente descontrolado, ya que el plan de peatonalización cayó en el olvido por la renuncia del Gobierno local de Francisco Vázquez a ponerlo en práctica ante las protestas de los vecinos por las condiciones en las que pretendía hacerse. El Ayuntamiento llegó a instalar seis equipos de control en María Barbeito, Tabernas, Herrerías, Isabel López Gandalla, Parrote y San Agustín, pero solo este último llegó a entrar en servicio, puesto que es el empleado para impedir el acceso a la plaza de María Pita desde la zona de la iglesia de San Jorge.

Esta situación suscitó la denuncia de un ciudadano ante la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea, puesto que el Ayuntamiento había recibido una ayuda de 318.000 euros de fondos comunitarios a través del Programa Operativo Local de la Diputación. La iniciativa surtió efecto, puesto que el Gobierno local se vio obligado a reconocer que los aparatos no habían llegado a ser usados pese al largo tiempo transcurrido, por lo que tuvo que devolver la ayuda concedida.

El plan para peatonalizar la Ciudad Vieja había fijado en aquel momento el año 2007 como en el que se prohibiría la circulación de vehículos por esas calles, pero hubo que esperar hasta 2014, ya con el Partido Popular en el Gobierno local, para que esta medida se hiciese efectiva. Frente a la iniciativa adoptada en tiempos de Francisco Vázquez, los populares optaron por colocar únicamente señales que advierten de la prohibición de estacionar en el casco histórico a los vehículos de aquellos que no sean residentes, al tiempo que se repartieron tarjetas identificativas a los de los vecinos.

Pero la segunda fase de este proyecto, que prohibirá incluso circular por la Ciudad Vieja, todavía está pendiente de llevarse a cabo, ya que el Concello debe encontrar una solución para el problema que supone la falta de aparcamiento para quienes viven en estas calles. Las parcelas de A Maestranza iban a ser en principio la solución, pero la decisión del Ministerio de Defensa, su propietario, de sacarlas a subasta acabó con esa posibilidad.