La compañía telefónica Orange y el Ayuntamiento mantienen un pulso por la instalación de una antena de repetición en la parte alta de Os Rosales que comenzó a funcionar este año. El Concello requirió a la empresa en reiteradas ocasiones que retirase la instalación e incluso le impuso una multa coercitiva de 2.000 euros el pasado mes de julio. La multinacional recurrió ante los tribunales las órdenes del Gobierno municipal, que está a la espera de que se pronuncie el juzgado de lo Contencioso-administrativo que lleva el caso. Mientras la Justicia no resuelva las alegaciones, el Concello sostiene que carece de posibilidad de hacer ejecutar a Orange la orden de cese de actividad y retirada de la antena.

La Asociación de Vecinos de Os Rosales exige que, "como mínimo", la compañía cambie el repetidor de ubicación, ya que incide en que está muy cerca de viviendas. "Hay muchos vecinos que se asoman a la ventana y tienen la torreta delante. Apareció un buen día, sin más. Están preocupados por su salud", advierte la tesorera de la entidad, Luisa Fernández. La representante del colectivo sostiene que algunos residentes en la zona prevén cambiarse de piso si la infraestructura sigue en el mismo lugar. "Hay opiniones para todos los gustos, hay personas que creen que puede afectar a la salud y otras que lo niegan", señala Fernández, quien destaca que los residentes en la zona alta del barrio están "muy preocupados". De hecho, iniciaron una campaña de recogida de firman para reclamar la retirada de la antena de telefonía.

Los informes técnicos municipales son concluyentes: las obras son ilegalizables. Por tanto, la concejalía de Rexeneración Urbana e Vivenda demanda a la empresa desde el pasado mes de mayo que cese la actividad y desmonte el repetidor.

El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2004 una ordenanza para regular la instalación y control de la antenas de telefonía móvil, pero hoy carece de validez debido a las sentencias de los tribunales, que anularon casi todo su contenido. Ya entonces la oposición -PP y BNG-, así como los colectivos vecinales más sensibilizados con el asunto, advertían de la imposibilidad de aplicar la normativa municipal. La ordenanza diseñada por el PSOE imponía una distancia de seguridad de 100 metros entre las infraestructuras y las denominadas "zonas sensibles" como colegios, hospitales o residencias para mayores. El Tribunal Supremo en 2012 echó abajo las directrices del Concello al considerar que carece de competencia en determinados asuntos relacionados con las telecomunicaciones, tales como la distancia que debe haber entre las infraestructuras y las viviendas o las características técnicas de los emisores. El alto tribunal sostiene que deben ser regulados por el Estado. Estos dos asuntos incluidos en la ordenanza municipal ya habían sido declarados "contrarios a derecho" en 2007 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El mismo año que el Supremo revocó la ordenanza municipal, en 2012, la Unión Europea anuló las tasas que los gobiernos locales, entre ellos el de A Coruña, habían impuesto a las compañías de telefonía por el aprovechamiento del dominio público terrestre. El Ayuntamiento aprobó el gravamen en 2010 tras adaptarlo a las normas que le había impuesto el Supremo, que finalmente obligó a retirarlo al amparo de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.