El Concello acudirá al Tribunal Supremo de nuevo para intentar que la orden de derribo del edificio Fenosa se ejecute "con el menor coste para los vecinos y el erario público". Lo avanzó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, que insiste, tal y como argumentaron sin éxito los representantes legales del Concello durante el proceso, que sería absurdo la demolición total cuando, una vez consumada, el inmueble podría ser reconstruido. El regidor analizó así la sentencia de principios de mes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que confirma como ejecutable el derribo del inmueble de Fernando Macías, basándose a su vez en una sentencia previa del Supremo, instancia a la que volverá a acudir el Ayuntamiento.

El TSXG confirma que la sentencia que ordena devolver la antigua sede de Fenosa a su estado original antes de las obras ilegales de 1997 se puede ejecutar. Desecha, en un fallo firmado el pasado 9 de noviembre, los argumentos del Concello y los propietarios.

Reiterando lo que ya había dicho tres meses atrás, tumba el plan municipal para minimizar los efectos de la demolición del inmueble con una serie de reformas en el edificio. El Superior, que anteriormente había avalado la hoja de ruta municipal y había permitido de este modo presentar un proyecto de legalización basándose en el nuevo plan general de 2013, se manifiesta ahora condicionado en su resolución por la opinión del Tribunal Supremo, que concluyó en marzo que legalizar el bloque de Fernando Macías pasa por dejarlo como estaba previamente a la construcción que realizó Fadesa fuera de norma durante el Gobierno vazquista.

En el auto más reciente, el del 9 de septiembre, la sala del Tribunal Superior reitera que echarse atrás sería "contrariar" el pronunciamiento del Supremo, "lo que esta sala no puede hacer, como es obvio". El Alto Tribunal gallego impone costas de 250 euros a Concello y comunidad de propietarios.

El Supremo tendrá que decidir si admite o no el recurso de casación cuya presentación anunció ayer Ferreiro. Será la sexta vez, según recordó el jueves el denunciante, Valentín Souto, que dichos magistrados se tengan de pronunciar. Su sentencia clave fue la de 2001, la que ordenaba el derribo del inmueble, después de que Fadesa operase en él una transformación en 1997 que no se ajustaba al plan general en vigor (el Gobierno vazquista aprobaría el nuevo plan general en 1998).