Las obligaciones del Ayuntamiento con sus proveedores se ajustaron a la ley en agosto después de una racha de cuatro meses, desde abril, sin que la Administración municipal cumpliese el periodo medio de pago a proveedores, que la norma reguladora de las haciendas locales fija en 30 días como máximo. El Concello cambió la tendencia y tardó 23,5 días en abonar las facturas a las empresas administradoras de servicios.
Fue la cuarta vez en 2016 que el Ayuntamiento bajó de los treinta días en sus compromisos de pago con los proveedores. Lo hizo también en enero, febrero y marzo (24, 15 y 27 días, respectivamente), una línea positiva que se rompió a partir de abril con tardanzas en el pago de 35 días y de 33,3 en mayo, 30,7 en junio y otra vez 35 en julio.
La curva que dibuja en los primeros ochos meses la evolución de esta obligación de la Administración local con quienes le proveen de servicios es prácticamente inversa a la trazada en el mismo periodo del año pasado. Entre enero y agosto de 2015 -hasta mayo aún en el mandato del PP y a partir de junio con Marea Atlántica- el Concello fue aumentando el número de días que tardó en pagar a los proveedores. De julio a diciembre se produjo el periodo más crítico en este aspecto, ya que el Ayuntamiento llegó a superar la tardanza por encima de los 48 días en septiembre y en noviembre. El máximo tiempo que empleó en abonar las facturas fue de 48,69 días.
Cuatro meses con retrasos
Desde diciembre pasado el Concello bajó a 41,63 y a partir de enero lo rebajó a 24 y 15 días, mientras que en marzo subió a 27 aunque todavía por debajo del plazo máximo marcado por la ley. A continuación, volvió a incumplir la exigencia entre abril y julio y ahora en agosto vuelve a satisfacer antes, en 23,5 días, las demandas de pago de sus proveedores.
