La juez que instruye la operación Zeta retomará el próximo mes de noviembre los interrogatorios de los investigados, que llevan más de un año y medio sin desfilar por Nuevos Juzgados. El primero en sentarse ante la magistrada será el presunto cabecilla de la trama de fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación, el empresario coruñés Gerardo Crespo. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 prevé un interrogatorio largo, pues reservó dos días, el 22 y 23 de noviembre, para escucharlo.

Al día siguiente está citado otro de los supuestos líderes de la organización dedicada a defraudar ayudas públicas, Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype). Ninguno de los dos prestó declaración ante la juez, si bien rompieron su silencio ante los medios de comunicación. Calviño llegó a convocar el pasado mes de abril una rueda de prensa para proclamar que la operación Zeta es "una caza de políticos egoístas" urdida contra Crespo. La mujer del representante de los autónomos también está investigada en el caso y fue citada para presentarse ante la instructora el 30 de noviembre.

El empresario coruñés que fundó la consultoría Azetanet se negó a declarar el 3 de febrero de 2015. Entonces achacó su negativa a responder a las preguntas de la juez a la falta de un informe de la Agencia Tributaria sobre su patrimonio y la cantidad de dinero que presuntamente defraudó. "No sabemos de qué hay que defenderse", indicó Crespo a la salida de los juzgados, al tiempo que advirtió que se reservaba "su derecho a jugar". Ese día la instructora adoptó la medida cautelar de retirarle el pasaporte porque apreció riesgo de fuga. Además, lo obligó a acudir una vez al mes a firmar al edificio de Nuevos Juzgados para garantizar, de esta forma, que estaba localizado. Esta semana, sin embargo, lo eximió de la obligación de acudir a la calle Monforte cada treinta días a firmar.

La magistrada investiga a 55 sospechosos de participar en el presunto fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación, la mayoría destinados a parados y discapacitados. Las entidades implicadas, según figura en el sumario, recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias, principalmente de la Xunta y el Estado. Solo del Gobierno gallego se embolsaron alrededor de 15 millones. Entre los investigados figuran, además de Crespo y Calviño, las dos mujeres de ambos, así como otros empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PSOE-BNG y del PP. La mayoría de los imputados se negaron a testificar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 y atribuyeron su silencio al desconocimiento de un informe de la Agencia Tributaria sobre todas las operaciones fiscales relacionadas con los cursos y las asociaciones implicadas en la organización, presuntamente dirigida por Crespo y Calviño.