La Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, órgano de la Consellería de Facenda, se ha inhibido de informar al Ayuntamiento sobre el posible desestimiento de la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, para el que se había previsto un gasto de 5,8 millones de euros en un plazo de duración de cuatro años prorrogables a dos más. El Gobierno local solicitaba al departamento de la Xunta que analizase la viabilidad económica del contrato una vez que reunía "dudas razonables" por la elaboración defectuosa de las cláusulas administrativas.

La Xunta Consultiva se pronuncia respondiendo que no le corresponde emitir informes sobre expedientes concretos ni sustituir las funciones de otros órganos e indica que las causas que pudieran motivar la renuncia al procedimiento corresponden a la propia mesa de contratación del Ayuntamiento.

Facenda también concluye que para proceder al desestimiento de un contrato este tiene que haber sido adjudicado, paso que no se produjo en el caso del servicio de conservación y mantenimiento de jardines y parques para el que el Gobierno de Marea solicitó un informe específico.

La Xunta añade que un desestimiento acordado por un órgano público de contratación "debe entenderse circunscrito al uso adecuado de la discrecionalidad" y debe estar "conectado con la consecución de un interés público".

El Concello apoyó sus dudas sobre la adjudicación del contrato de mantenimiento de parques y jardines en una "vulneración no subsanable de las normas de preparación del contrato" al advertir una infracción no subsanable en los pliegos administrativos particulares que impide determinar cuál es la oferta más ventajosa. Destaca en concreto que la regla que valora las ofertas anormales o temerarias "es ineficaz" y que los criterios distintos de precio no establecen límites máximos, lo que permitiría a los licitadores realizar ofertas irreales.

La mesa de contratación acordó por unanimidad en octubre de 2015 conceder el servicio de jardines a tres firmas. El informe de adjudicación se firmó dos meses después por la jefa de servicio de Contratación, pero la asesoría jurídica solicitó sendos informes a Facenda y a Medio Ambiente sobre su viabilidad económica antes de que el Concello cursase la petición del informe a la Xunta.