El Ejecutivo fija el próximo viernes como fecha para aprobar en la Junta de Gobierno Local las nuevas ordenanzas fiscales -impuestos y tasas- y, por ello, urge al PSOE a que presente sus propuestas para negociarlas con tiempo suficiente y alcanzar un consenso. Esto fue lo que trasladó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, al portavoz del PSOE, José Manuel Dapena, en los contactos informales que mantuvieron, según fuentes municipales.

Gobierno y socialistas llevan más de una semana sin sentarse sobre la mesa para abordar esta situación. El pasado viernes, festivo local por el día del Rosario, el Ejecutivo remitió al PSOE su propuesta de modificaciones en los impuestos y tasas pero todavía no han recibido ni respuesta ni contraoferta de la otra parte. Los socialistas acusaron al Gobierno de actuar con "poca seriedad" por el modo en que enviaron una propuesta que, a su juicio, no buscaba tanto ser práctica como "fines mediáticos".

La negociación de estas ordenanzas fiscales es un peldaño que necesariamente debe ser alcanzado para poder cerrar una negociación todavía más trascendental: la del presupuesto. Dependiendo de los impuestos o tasas que se establezcan, variará la previsión de ingresos a partir de la cual se podrán estimar los gastos de 2017.

Las ordenanzas fiscales, que Marea y PSOE pactaron para este año, deben ser aprobadas en Junta de Gobierno para después ser llevadas al pleno. Si la propuesta pasa el trámite de la aprobación inicial, se abrirá un periodo de alegaciones tras el cual se aprobarán los impuestos de forma definitiva.

Uno de los grandes cambios que propone introducir el Gobierno en los impuestos municipales para el próximo año tiene que ver con la tasa de la basura, que los vecinos abonan junto al recibo del agua. En concreto, proponen aplicar a la basura las mismas bonificaciones para las rentas bajas que ya se aplicaron en la tasa del agua este 2016. Esto supondría que el canon que las viviendas y negocios pagan para costear este servicio sería gratuito para los beneficiarios de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) u otras ayudas similares, como puede ser la renta social municipal que acaba de poner en marcha el Ejecutivo. Las familias con una renta inferior a 532,51 euros -correspondiente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem)- tendrían un descuento del 75%. Para los que no superen los 798,76 euros, la rebaja sería del 50%.

El Ejecutivo también propone bajar el coste de las tasas por alquilar espacios en los centros cívicos, reduciéndola a cero cuando se trate de actos con fines solidarios y dividiendo las posibilidades de alquiler entre jornada completa, media jornada o por horas. En materia de cultura, se proponen rebajas en el precio de los museos para algunos colectivos, como parados, jubilados o carnets internacionales de estudiante y profesor. También se plantea reducir la tasa por fotocopiar en Bibliotecas Municipales así como ampliar los supuestos de cota cero para entrar al Castelo de San Antón o a la Torre de Hércules.

En lo que a actividades económicas se refiere, abogan por eliminar la tasa por licencia de apertura en los traspasos o reducir el tipo impositivo en los locales de menos de 150 metros cuadrados. También apuestan por incorporar bonificaciones al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un tributo que solo pagan aquellas empresas que tengan una cifra limpia de negocio superior al millón de euros.

En cuanto a mercados, el Gobierno pretende incluir a la ordenanza de mercados al de Santa Lucía y Adormideras, así como establecer un canon mensual por actividad y metro cuadrado, incluyendo también la venta ambulante que se lleve a cabo en ellos. También se pone sobre la mesa el incremento de hasta un 20% la tasa de ocupación del subsuelo de terreno de uso público local así como el incremento impositivo para gasolineras y máquinas de venta automática.