El Concello quiere mayores garantías de la compensación de la Xunta por el nuevo convenio del Gobierno gallego con Ecoembes, que reduce un 15% la cantidad que abona a la planta de Nostián y a los concellos de la comarca la sociedad de promoción del reciclaje sostenida por los productores de envases. Así lo plantea en unas segundas alegaciones al acuerdo el Ayuntamiento, que, aunque valora que se incorpore alguna de sus reivindicaciones, sostiene que parte del dinero que promete pagar la Xunta estará sujeto a "un amplio margen de discrecionalidad" tal y como está planteado el documento. Sigue reivindicando mayor participación en las decisiones y alega que otras Comunidades autónomas, como Aragón, Cataluña y Euskadi, han articulado sistemas para que las entidades locales tengan voz y voto en la relación con Ecoembes y otras sociedades similares.
A finales de agosto, el Ayuntamiento presentó una serie de consideraciones sobre el convenio entre la Xunta y Ecoembes. En este, la sociedad restringe los criterios para pagar por el reciclaje de la planta, lo que recortaría los ingresos en cerca 1,2 millones de euros anuales. Tras la respuesta del Gobierno gallego, el área de Medio Ambiente vuelve a replicar, insatisfecha con algunas decisiones autonómicas, que afectan a una planta de tratamiento de residuos con un modelo diferente a Sogama, cuyas instalaciones dependen de la Xunta.
El Ayuntamiento quiere que el convenio recoja expresamente que el Concello coruñés tiene que dar el visto bueno a las obras que pretende hacer la Xunta, por valor de 600.000 euros, para que Nostián mejore su nivel de reciclaje y, por tanto, pueda recibir más dinero de Ecoembes. Si en seis meses las cifras no mejoran, la redacción actual del convenio determina que se "valorarán" obras adicionales. El Ayuntamiento quiere que no solo se "valoren" sino que se "aprueben", por tanto, obligatoriamente.
El acuerdo con Ecoembes recoge que la Xunta compensará económicamente a la planta y a los concellos, mientras estas medidas no consigan aumentar el nivel de reciclaje. Pero también recoge que solo lo hará una vez que las inversiones estén ejecutadas, algo que podría prolongarse hasta finales de 2017. Esto abre la puerta a que se pierdan los 1,2 millones de euros que le corresponderían el próximo año 2017, porque las obras financiadas por la Xunta no estarían materializadas y, sin embargo, el convenio sí habría entrado en vigor.
Por otro lado, el área municipal de Medio Ambiente ve inseguridad jurídica y "amplio margen de discrecionalidad" en otro de los apartados, el que deja escrito que la Xunta puede realizar un estudio comparando los resultados de Nostián con los de otras plantas y, según el resultado, decidir que no se haga efectivo "el pago anual compensatorio". Cree el Concello que, para evitar que esto se base en una decisión subjetiva y unilateral, deben pactarse parámetros y criterios "objetivos" del "nivel de eficiencia de la planta". Esto otorgaría "seguridad jurídica" y evitaría pleitos entre administraciones.
Las alegaciones insisten en que tiene que figurar expresamente una cantidad por el reciclaje del papel-cartón que se cuela en los contenedores amarillos. Discrepa con la Xunta en que el convenio que lo ampara esté en vigor y quiere que se explicite. Por otro lado, no entiende cómo la Xunta persiste en excluir a A Coruña de los órganos de decisión -principalmente en la comisión de seguimiento- amparándose en que la normativa así lo establece, cuando en otras autonomías como Aragón, Euskadi y Cataluña hay participación activa de las entidades locales con un papel particular en el ciclo de la basura.
También alude al convenio de Aragón con Ecoembes al reclamar que quede fijado ya en el acuerdo cuánto aportará la sociedad a las campañas para promover el reciclaje, que en el caso de la autonomía citada es de 1433.604,55 euros.
"Vicio de legalidad"
Uno de los puntos alegados posibilita que la Xunta reduzca sus compensaciones si la materia orgánica que aparece mezclada con la materia inorgánica (que se deposita mezclada en el contenedor amarillo y no en el verde que le corresponde) suponga más del 25% de los residuos. Si se supera la proporción, se acordarían medidas en comisión de seguimiento, señala el convenio. Y, si 18 meses después de la identificación del problema, este persiste, "se procederá a una reducción de los pagos".
El Concello alega que en 18 meses no puede llevarse acabo aunque sea un "objetivo deseable" y que el pago que realiza Ecoembes y otras entidades solo puede estar, por ley, condicionado a los resultados finales de la separación y tratamiento y no a cómo los residuos llegan a la planta de tratamiento. Nada dice la normativa, añade, de ninguna excepción derivada "de un elevado porcentaje de impropios en los contenedores de recogida selectiva y de la participación ciudadana en el modelo". Eso supondría una reducción más allá del 15% inicial previsto. "El convenio incurriría en un vicio de legalidad", advierten.
