El Ejecutivo formalizará hoy en la Junta de Gobierno local su negativa a abonar a la adjudicataria de los trabajos de urbanización del parque ofimático, Acciona, los siete millones de euros que reclama al Concello como contraprestación por haberse anulado el contrato de adjudicación que la firma había ganado en 2011.
La rescisión de este contrato se produjo a raíz de una sentencia judicial que dio la razón a la agrupación de promotores del polígono y reconoció la existencia de un defecto formal en el pliego de condiciones del contrato que había sacado a concurso el Gobierno local en 2011, en la coalición del PSOE y BNG.
El actual Gobierno considera que, al tratarse de una anulación decretada por una sentencia judicial, los efectos de esta rescisión afectan a la existencia misma del contrato. Además, en el expediente que va hoy a la Junta, el Ejecutivo acusa a la empresa de no probar ninguno de los daños por los que reclama parte de la indemnización.
